El aumento de casos de gripe y su confluencia con el COVID-19 y otras infecciones respiratorias están sobrecargando los servicios sanitarios de urgencias en España. Ante el repunte de casos, el Ministerio de Sanidad, dirigida por Mónica García, ha decidido imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios a partir del miércoles 10 de enero.
El ministerio ya había formalizado la recomendación del uso de las mascarillas en los centros sanitarios como consecuencia de la caótica situación en la que se encuentran muchos centros de salud en el país, con largas esperas para conseguir una consulta con el médico.
“Hemos planteado la necesidad de dar un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla”, dijo el Ministerio de Sanidad, Mónica García, en un comunicado.
Algunas comunidades se oponen
La decisión del ministerio llega después de una reunión celebrada el lunes con los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas en la que analizaron el incremento de los contagios por virus respiratorios.
La reunión finalizó sin acuerdo y las comunidades autónomas tendrán un plazo de 48 horas para enviar sus alegaciones al documento presentado por el ministerio. Aunque muchas comunidades autónomas ya habían impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios, no todas respaldan la medida propuesta por Sanidad.
“No debe ser algo obligatorio e impuesto, sino que debe ir de acuerdo a la incidencia”, dijo la consejera de Salud de la comunidad autónoma de La Rioja, María Martín.
Bajas auto justificadas
Otra de las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad es la “autojustificación” de las bajas de tres días, que normalmente tienen que ir con justificante médico.
Sin embargo, ante la presión actual del sistema de salud, la ministra de Sanidad anunció el lunes que está estudiando un sistema de “autojustificación” de este tipo de bajas “para no ir a burocratizar aún más la Atención Primaria” y evitar el colapso de los centros sanitarios.
De esta manera, si un empleado está enfermo, bastaría con presentar una declaración responsable, como ya se hace en varios otros países europeos.
