Santo Domingo, RD.– Según el Ministerio Público, los implicados en la denominada Operación Calamar, no solo incurrieron en violaciones a una serie de artículos del Código Penal, sino también a otras normas, como la Ley 448-06 Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, la 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa acusa además a los imputados de violar el artículo 146 de la Constitución de la República, el cual condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado y sanciona con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos estatales, obtenga para sí o para terceros provechos económicos.
En cuanto a los artículos del Código Penal que los señalados violaron, siempre según la acusación de la Fiscalía, figuran el 123, que en resumen establece que los empleados públicos que concierten entre sí la ejecución de medidas contrarias a las leyes serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.
La PEPCA acusa además a los encartados de incurrir en los delitos de prevaricación, señalado en el artículo 166 del Código Penal, desfalco, contenido en los artículos 171 y 172, el cual conlleva pena de reclusión, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años.
Los acusa además cometer concusión, delito que consiste en utilizar el cargo público para exigir o hacer pagar a una persona una contribución o cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este comportamiento está penado en el artículo 174 de la norma penal e implica pena de reclusión.
De acuerdo a Yeni Berenice y Wilson Camacho, los imputados violaron además los artículos 175 y 177 del ordenamiento penal, que prohíbe a los empleados del Estado recibir recompensas no previstas en las leyes.
Asimismo, los artículos 265 y 266, los cuales señalan que toda asociación formada con el objeto de cometer delitos constituye un crimen contra la paz pública. Yeni y Wilson los acusan también de cometer estafa, en violación al artículo 405 del Código Penal.
El tiempo dirá si el Ministerio Público tiene las pruebas de todas estas imputaciones y si podrá demostrar en los tribunales la culpabilidad de los 19 acusados en esta nueva operación que también lleva el nombre de un habitante de los océanos.
