El escándalo del fraude multimillonario en SENASA ha indignado al país, pero hoy, nosotros debemos decir algo esencial: “ese dinero no caminó solo”.
Cuando se habla de miles de millones de pesos presuntamente desviados, surge una pregunta obligatoria:
¿Por cuáles bancos se movieron esos recursos?
¿Y por qué los sistemas de alerta no se activaron?
Las entidades financieras están legalmente obligadas por Ley a detectar operaciones inusuales a través de sus áreas de Prevención de “Lavado de Activos”.
Por eso, es ineludible una interpelación directa a los bancos desde donde presuntamente se movilizó ese dinero.
Y hay que decirlo con claridad: los bancos no están exentos de responsabilidad si fallaron en sus controles o actuaron con negligencia.
Pero tampoco puede quedar fuera la Superintendencia de Bancos, cuya función es supervisar, auditar y sancionar.
Si los controles fallaron, si no hubo reportes, si no hubo alertas, alguien permitió que eso ocurriera y eso también hay que sancionarlo.
Este no es solo un fraude administrativo; es un golpe al sistema de salud y a los dominicanos más vulnerables.
Cuando el dinero robado es dinero para la vida, no puede haber complicidad por omisión.
El país exige una investigación profunda y transparente. A los responsables directos,
a los facilitadores, y a quienes debieron vigilar y no lo hicieron.
Porque en una democracia verdadera,
nadie está por encima de la ley:
ni funcionarios,
ni banqueros,
ni supervisores.
Y porque la salud del pueblo
no se negocia
ni se encubre, hay que investigar también a las entidades financieras que permitieron, sin avisarlo, que miles de millones de pesos fueran manejados por años, de forma sospechosa.
No pueden en el caso SENASA, escurrir el bulto.
