Santo Domingo, RD – El Frente Amplio (FA) expresó su apoyo a la medida de coerción impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, a Santiago Hazim y otros implicados en la Operación Cobra, un caso vinculado a serias irregularidades dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La organización política consideró la decisión como un avance positivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública, en especial en un sector tan crucial como la salud.
María Teresa Cabrera, dirigente del FA, afirmó que “la corrupción en el sector salud es un crimen de lesa humanidad”, subrayando que las acciones ilegales en este ámbito tienen un impacto directo sobre la vida y la dignidad de los ciudadanos. De igual manera, expresó su satisfacción por el anuncio del magistrado Wilson Camacho, quien adelantó que se está trabajando en la estructuración del caso SeNaSa 2.0, lo cual genera expectativas de que el proceso siga avanzando en una segunda fase.
El Frente Amplio reiteró que la medida de coerción debe ser un paso más en el proceso de una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios, que logre identificar y sancionar a todos los responsables, tanto del sector público como privado, involucrados en el entramado de irregularidades revelado por el Ministerio Público. La organización política advirtió que este proceso no debe ser aislado ni selectivo, sino que debe alcanzar a todos los actores que participaron en la corrupción dentro de la institución de salud.
En cuanto a las investigaciones, el FA instó a las autoridades a profundizarlas hasta sus últimas consecuencias, asegurando la recuperación de los fondos desviados y estableciendo responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a la ley. Cabrera enfatizó que “la sociedad dominicana espera sanciones ejemplares y la recuperación de lo robado, como condición indispensable para restablecer la confianza en las instituciones”.
Finalmente, el Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa del interés público y la vigilancia constante sobre los procesos judiciales relacionados con la corrupción. Insistió en que la salud y los recursos del Estado no deben seguir siendo un botín de redes criminales que operan al margen de la ley, y que la lucha contra la corrupción debe ser integral y justa para todos los involucrados.
Con esta postura, el Frente Amplio busca enviar un mensaje claro: no solo el castigo a los culpables es necesario, sino también una reparación efectiva de los daños ocasionados, especialmente cuando se trata de recursos destinados a la salud de la población dominicana.
Te puede interesar:
Amarante Baret responsabiliza al gobierno PRM de la ”Gran Estafa” en SeNaSa
