Santo Domingo.- El Frente Cívico y Social advirtió que promulgar el nuevo Código Penal sin corregir las disposiciones que todavía generan serias dudas constitucionales sería un grave error jurídico, político e institucional.
El presidente de la organización, Dr. Isaías Ramos, afirmó que la República Dominicana necesita un Código Penal moderno y firme frente al crimen, la corrupción, la violencia y la impunidad, pero sostuvo que ninguna reforma puede ampliar la arbitrariedad del poder público ni debilitar las garantías del ciudadano.
“Una democracia no se fortalece debilitando al ciudadano. La Constitución no puede quedar subordinada a ninguna ley, porque es ella la que fija los límites del poder”, expresó.
El Frente señaló que, al momento de emitir esta declaración, no había sido puesto a disposición del país el texto oficial consolidado remitido por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, ni se había hecho pública una decisión presidencial de promulgación u observación.
“La transparencia no es una concesión del poder. Es una obligación constitucional. Una reforma capaz de afectar la libertad, la expresión, la protesta y la relación del ciudadano con la autoridad no puede llegar entre sombras ni versiones fragmentadas”, sostuvo Ramos.
La organización afirmó que las modificaciones conocidas hasta ahora no han disipado las principales preocupaciones constitucionales, especialmente en torno a disposiciones que podrían permitir interpretaciones amplias sobre la obediencia a órdenes de la autoridad.
En particular, alertó sobre la redacción públicamente conocida del artículo 315, relativo al desacato, al considerar que una norma penal democrática debe dejar claramente establecido que ningún ciudadano puede ser castigado por negarse a cumplir una orden ilegal, arbitraria, manifiestamente inconstitucional o emitida fuera de las atribuciones del funcionario.
Como ejemplo, recordó los recientes videos difundidos en redes sociales en los que ciudadanos fueron conminados a abandonar playas bajo el argumento de que eran privadas.
“El verdadero desafío no es simplemente aprobar un Código Penal. Es impedir que un dominicano tenga que escoger entre defender un derecho reconocido por la Constitución o exponerse a un proceso penal”, declaró.
Ramos sostuvo que el Presidente de la República tiene la oportunidad y el deber constitucional de impedir que una norma penal nazca enfrentada a la Constitución.
“Si el Poder Ejecutivo promulga esta ley sin corregir sus amenazas constitucionales, la controversia no terminará con la publicación. Apenas comenzará. La ciudadanía cuenta con medios pacíficos, democráticos y jurisdiccionales para defender sus derechos”, advirtió.
“Cuando llegue la hora de decidir, la historia no preguntará quién tuvo más poder. Preguntará quién tuvo el valor de defender la Constitución”, concluyó.
