Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) defendió este lunes el carácter cívico, pacífico y ciudadano de la “Marcha del Pueblo” realizada el pasado 30 de noviembre, en la que ciudadanos expresaron su preocupación por el alto costo de la vida, la inseguridad, los apagones y el deterioro de los servicios públicos.
La organización depositó formalmente ante la Junta Central Electoral (JCE) un Acto de Respuesta al “Acto de Intimación y Advertencia” número 1056/2025, mediante el cual el órgano electoral advirtió que la actividad podría confundirse con propaganda electoral anticipada y derivar en eventuales sanciones administrativas.
En su escrito, FP recordó que la Constitución de la República garantiza los derechos de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, y que los partidos políticos tienen la función de acompañar y canalizar las demandas sociales de la ciudadanía. Además, citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que respalda el derecho de los partidos a organizar manifestaciones públicas fuera de los períodos de campaña electoral.
El partido subrayó que durante la marcha no se promovieron candidaturas, no se solicitó el voto ni se desplegaron consignas electorales, y que el uso de colores o símbolos partidarios por parte de los ciudadanos no constituye propaganda electoral anticipada por sí solo. Señaló, asimismo, que basar advertencias en conjeturas y no en hechos concretos vulnera los principios del debido proceso establecidos en la Constitución.
Fuerza del Pueblo solicitó al Pleno de la JCE reconsiderar la advertencia, argumentando que mantenerla implicaría una restricción significativa a los derechos de reunión, asociación y expresión tanto de los partidos políticos como de los ciudadanos. La organización también recordó que la Marcha del Pueblo fue anunciada públicamente con antelación como protesta social, sin recibir observaciones previas por parte de la JCE.
Finalmente, el partido reafirmó su respeto a la institucionalidad electoral y su compromiso de acompañar de manera pacífica y responsable las expresiones ciudadanas frente a problemas como el alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de los servicios públicos, siempre en estricto apego a la Constitución y la legislación vigente.
