Santo Domingo.-La Fundación Primero Justicia interpuso este miércoles una querella penal en la Procuraduría General de la República contra Bartolomé Pujals y Pedro Quezada, director y exdirector de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y contra Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, por la firma de contratos de alquiler fraudulentos de inmuebles a precios sobrevaluados.
Según la denuncia, estos contratos habrían permitido la sustracción de miles de millones de pesos del Estado Dominicano.
La querella sostiene que los funcionarios involucrados utilizaron a la Inmobiliaria Reservas como fachada para aparentar ser los propietarios de los inmuebles, cuando en realidad los alquileres eran gestionados a través del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, administrado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas S.A., y que tenía vínculos con allegados al actual gobierno.
El caso más destacado involucra el alquiler de 5 de los 16 niveles del Edificio Corporativo Vista 311, un inmueble adquirido por el fondo en abril de 2022 por RD$1,400 millones. Sin embargo, el Estado Dominicano pagó más de RD$1,440 millones por el alquiler de esos niveles, una cifra que supera el valor total del edificio. La denuncia sugiere que se trató de una estrategia para inflar los precios y desviar recursos públicos de manera ilegal.
Además, la querella menciona que el Fondo de Inversión ya ha anunciado un nuevo contrato de alquiler con el INTRANT para su nueva sede en el edificio de Teleantillas, lo que según la Fundación sigue el mismo patrón de fraude.
La Fundación también destacó que estas prácticas se habrían llevado a cabo gracias a una circular de la Dirección General de Compras y Contrataciones, emitida el 3 de febrero de 2022, que permitió a las instituciones estatales suscribir contratos de arrendamiento sin un control adecuado sobre los precios o la justificación de los costos, favoreciendo a ciertos beneficiarios.
El presidente de la Fundación, Surún Hernández, aseguró que esperan que los responsables enfrenten todo el peso de la ley por este presunto desfalco al patrimonio público.
