Santo Domingo.– El abogado José Martínez Hoepelman advirtió este martes que las reformas al Código Procesal Penal (CPP) que se discuten en el Congreso buscan adecuar la ley “a la realidad del Ministerio Público y no al sistema de justicia”.
“Lo que se pretende o se pretendía, porque creo que se han corregido algunas distorsiones es adecuar el proceso penal a la realidad del Ministerio Público, no a la realidad del sistema”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Hoepelman expresó preocupación por las modificaciones propuestas, señalando que algunas de ellas podrían representar un retroceso en las garantías fundamentales del debido proceso.
El jurista explicó que una de las propuestas iniciales pretendía limitar el acceso a la Suprema Corte de Justicia en materia penal mediante la aplicación del “interés casacional”, una figura que, según dijo, no corresponde a los casos donde está en juego la libertad de las personas.
“Cuando se trata de la limitación de la libertad, usted no puede ponerle interés casacional. Ese es un concepto de materias civiles o de tierras, no de materia penal”, sostuvo.
Hoepelman también criticó la intención de extender la duración máxima de los procesos penales de cuatro a seis años, asegurando que el problema no es el tiempo, sino la manera en que se construyen las acusaciones.
“Cuando usted desarrolla una acusación con 16,000 páginas y 660,000 archivos, eso es injugable. Ni un juez ni un abogado pueden manejar eso de principio a fin”, explicó.
El abogado consideró que el Ministerio Público debería presentar acusaciones más compactas y manejables, como ocurrió dijo en el caso del expediente contra Jochi Gómez, donde el documento fue reducido a poco más de 300 páginas.
Llama a aprobar la Ley 10-15
Hoepelman instó al Congreso Nacional a aprobar la Ley 10-15 conforme al mandato del Tribunal Constitucional, en lugar de modificar masivamente el Código Procesal Penal.
Recordó que la ley fue declarada inconstitucional porque no cumplió el proceso legislativo correcto, ya que las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados no regresaron al Senado.
“El Tribunal Constitucional no mandó a modificar el 70% del Código. Lo que pidió fue que se corrigiera el procedimiento y se aprobará de manera formal la Ley 10-15. Decir lo contrario es una simulación y una mentira”, advirtió.
Asimismo, precisó que si el Congreso no cumple con ese mandato antes de finalizar 2025, volverá a entrar en vigencia el Código Procesal Penal original de 2002, lo que generaría “una pequeña distorsión en el sistema”.
Pretenden modificar el 70% del Código Procesal Penal
El jurista cuestionó que el Congreso intente reformar la mayoría de los artículos del Código, sin consultar a la comunidad jurídica ni a la sociedad civil.
“Quieren tocar el 70% de los artículos para extender la prisión preventiva de 18 a 36 meses y la duración de los procesos de 4 a 6 años. Eso es preocupante, porque confirma que el proceso penal se está usando como un arma de guerra política, no como un instrumento de justicia”, expresó.
Hay un abuso de la prisión preventiva
De igual modo denunció el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, señalando que esta medida se aplica con frecuencia de manera arbitraria o con fines políticos.
“Sin dudas, en la República Dominicana hay un abuso de la imposición de prisión preventiva. Eso no es un secreto para nadie”, afirmó.
Aseguró que, pese a este abuso, los casos en los que no se ha impuesto prisión preventiva no han presentado fugas, lo que demuestra dijo que la medida suele ser desproporcionada.
“El juez penal da lo que se le pide; no puede investigar ni impulsar el proceso. El Ministerio Público es quien empuja las acciones. Por eso, más que justicia independiente, tenemos una justicia dirigida”, concluyó.
Cuestiona destitución injustificada de jueces de la Suprema Corte de Justicia
El abogado José Martínez Hoepelman calificó como “una decisión equivocada y política” la destitución de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuestionando que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) haya sustentado su decisión en apenas “tres palabras” sin una motivación objetiva ni transparente.
Asimismo, señaló que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación impulsado por la digitalización, pero advirtió que no puede hablarse de avances reales mientras se mantengan prácticas que vulneran la estabilidad y la carrera judicial.
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“No podremos hablar de avances en la justicia mientras los jueces que dedican su vida a ese sacerdocio sean destituidos sin más explicaciones que tres palabras. Eso no cumple con el voto de la ley”, expresó.
El abogado explicó que la publicación del acta con las razones de la destitución se produjo solo “por presiones de la sociedad civil” y no por voluntad del propio Consejo, lo que a su juicio evidencia falta de transparencia.
Una decisión política, no jurídica
Hoepelman sostuvo que la decisión del CNM fue política y no basada en criterios técnicos, afirmando que la votación estuvo empatada y fue decidida finalmente con el voto calificado del presidente de la República.
“Fue una decisión política de quitar a quienes ya estaban vencidos para poner a otros. Legal, sí; legítima, no”, afirmó.
Cuestionó además la superficialidad del proceso de evaluación realizado por el Consejo, el cual —según dijo se limitó a una entrevista de media hora sin descender a los tribunales para verificar el desempeño real de los jueces.
“¿Cómo puede evaluarse a una persona con una entrevista de media hora? No hubo verificación de expedientes, ni revisión de quejas, ni evidencias. Simplemente, no hay elementos que sustenten esas destituciones”, criticó.
El jurista mencionó el caso de la magistrada Pilar Jiménez, de la Primera Sala Civil de la SCJ, quien según explicó fue apartada pese a haber logrado reducir a cero la morosidad judicial de esa sala. “Cuando llegó el actual presidente, esa sala tenía una morosidad abismal. Hoy tiene cero morosidad. ¿Cómo se justifica que una jueza con ese desempeño sea sancionada?”, cuestionó.
No hay interés en fortalecer la justicia
Para Hoepelman, tanto esta decisión como las recientes propuestas de reforma al Código Procesal Penal reflejan una falta de voluntad política para fortalecer la justicia dominicana.
“No hay interés en fortalecer la justicia, sino en acomodarla a los intereses del momento. Es lo mismo que ocurre con la discusión del Código Procesal Penal, que en lugar de atender las directrices del Tribunal Constitucional, parece una pugna política”, sostuvo.
El abogado afirmó que la independencia judicial en el país está comprometida, ya que el Ministerio Público no es realmente autónomo y los jueces de la Suprema Corte continúan siendo vulnerables a decisiones discrecionales.
“Hablamos de justicia independiente, pero en la práctica no existe. Los miembros del Ministerio Público son designados por recomendación directa del presidente, quien tiene voto calificado en el Consejo Nacional de la Magistratura”, señaló.
Finalmente, advirtió que las destituciones arbitrarias y las reformas apresuradas debilitan la institucionalidad judicial y erosionan la confianza ciudadana en el sistema.
“Mientras la justicia siga siendo usada para fines políticos, no podremos hablar de independencia ni de verdadero Estado de derecho”, concluyó.
