Santo Domingo.–El abogado José Martínez Hoepelman calificó este lunes la iniciativa anunciada por el Poder Ejecutivo como un “paliativo mediático”, al considerar que la misma no produce efectos jurídicos reales y que, incluso, podría ser declarada ilegal o inconstitucional, al no ajustarse al marco legal vigente ni a las competencias establecidas por la Constitución y las leyes.
“Esta iniciativa no es más que un paliativo mediático, sin efectos jurídicos reales, y que incluso podría ser declarada ilegal o inconstitucional”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Hoepelman que la decisión del presidente Luis Abinader de integrar una comisión dentro del Comité Ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) carece de necesidad y de sustento legal, al advertir que la estructura de control y supervisión del organismo ya está claramente establecida en la Ley 87-01.
“Antes de crear nuevos órganos de control, hay que decirle a la sociedad si el órgano que ya existe cumplió o no con su función. De lo contrario, se estaría actuando al margen del ordenamiento jurídico”, enfatizó.
Recordó que el Consejo Nacional de Administración del Senasa, creado por la Ley 87-01, es el órgano con facultad legal para supervisar la gestión administrativa de la entidad, por lo que cualquier modificación estructural debe ser conocida y aprobada por el Poder Legislativo.
“El control de Senasa está definido por ley. No es posible crear, mediante decreto, un órgano de supervisión por encima de otro que ya ha sido establecido legalmente. Un decreto jamás puede estar por encima de una ley”, sostuvo el jurista.
Rechaza creación de “supracomisiones”
El jurista reiteró que dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social existen suficientes mecanismos de control, como la SISALRIL, la Contraloría de la Seguridad Social y el propio Consejo Nacional de Administración de Senasa, por lo que consideró innecesaria la creación de nuevas comisiones.
“No hay que crear ninguna supracomisión. Todo eso ya existe en la ley. Por eso digo que se trata más de un paliativo mediático que de una solución jurídica real”, insistió.
A su juicio, la verdadera exigencia de la sociedad dominicana es conocer si los órganos de control cumplieron o no con su responsabilidad durante el período en que se habría ejecutado el presunto fraude.
Proceso judicial y plazos
Hoepelman señaló que ahora corresponde esperar las apelaciones anunciadas por algunos imputados contra la medida de coerción, así como el desarrollo del anunciado “SeNaSa 2.0” por parte del Ministerio Público, expresando su preocupación de que no se repita lo ocurrido con el fallido “Odebrecht 2.0”.
Recordó que el juez Rigoberto Sena otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir la investigación, plazo que, aunque menor al contemplado para casos complejos, permanece bajo control judicial.
Cuestiona supuestas declaraciones atribuidas al juez
El abogado expresó preocupación por declaraciones atribuidas al magistrado Sena en medios de comunicación, según las cuales el caso constituiría una “traición al Presidente de la República”.
“Yo quisiera saber sobre la base de qué prueba o indicio se llega a esa conclusión en una etapa como la medida de coerción”, cuestionó.
Aclaró que lo que sí resulta evidente es una traición a la salud del pueblo dominicano, aspecto que afirmó no fue debatido ni probado en la audiencia.
Reconoce acción presidencial, pero exige rendición de cuentas
Hoepelman valoró positivamente que el presidente Abinader haya enfrentado a personas cercanas dentro del proceso judicial.
“Enfrentar a los amigos casi siempre es más difícil que enfrentar a los enemigos, y eso hay que reconocerlo”, expresó.
No obstante, planteó un cuestionamiento central:
“¿Dónde estuvieron durante cinco años los órganos de control del Estado mientras se ejecutaba un plan para defraudar el sistema de salud de los más necesitados?”
Concluyó señalando que la gran deuda pendiente del proceso es explicar las omisiones institucionales que permitieron la ejecución prolongada del presunto fraude, y que solo con transparencia y rigor legal se podrá satisfacer la demanda de justicia de la sociedad dominicana.
