Redacción. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha iniciado el proceso de anulación de alrededor de 20 contratos adjudicados a proveedores, y la desvinculación de nueve empleados involucrados en procesos de licitación relacionados con la adquisición de utilería escolar, tras detectarse irregularidades señaladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En un comunicado oficial, la entidad manifestó su compromiso con las investigaciones que llevan a cabo tanto la DGCP como la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, y aseguró su disposición a colaborar con cualquier requerimiento adicional de la Procuraduría General.
Entre los colaboradores cesanteados se encuentran peritos responsables de las evaluaciones técnicas de los procesos de compra actualmente bajo escrutinio. Asimismo, el INABIE suspendió la validez de los contratos vinculados a las empresas cuestionadas, y aclaró que no se ha realizado ningún pago relacionado con dichos acuerdos.
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La institución explicó que fue la propia Dirección Ejecutiva quien solicitó la intervención de Contrataciones Públicas y de ProCompetencia, con el fin de investigar presuntas anomalías en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012.
Pese a los hallazgos preliminares, el INABIE afirmó que no se ha comprobado afectación a los derechos de los oferentes, ni se han recibido impugnaciones formales ante la DGCP ni ante la institución.
Desde 2022, el INABIE ha impulsado reformas internas orientadas a reforzar la transparencia y el cumplimiento normativo en sus procesos. Entre estas medidas figuran la suspensión de más de 50 suplidores por irregularidades en licitaciones anteriores, solicitudes de inhabilitación por falsedad documental y la creación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para prevenir posibles infracciones legales.
La institución reafirmó que estas acciones tienen como objetivo salvaguardar los fondos públicos y asegurar un uso íntegro y transparente de los recursos destinados al bienestar de los estudiantes del sistema educativo público nacional.
