Redacción. – Los imputados en la denominada Operación Lobo fueron trasladados este jueves a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que el tribunal les conozca medidas de coerción por su presunta vinculación con una red criminal acusada de ofrecer sobornos a entidades estatales para adjudicarse contratos de seguridad privada.
El Ministerio Público acusa al grupo de haber estructurado un esquema de corrupción que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de asegurar contratos millonarios con instituciones gubernamentales. Entre las entidades afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
A medida que se acerca el vencimiento del plazo legal para presentar solicitud formal de medidas coercitivas, las autoridades confirmaron que varios de los implicados han comenzado a colaborar con la investigación. Al menos cuatro de los detenidos han sido trasladados desde la cárcel preventiva hasta la Procuraduría General de la República para rendir declaraciones ante los fiscales.
Puedes leer más: Despidos y cancelaciones en INABIE por compras escolares irregulares
Uno de los colaboradores es Kilvio Rodríguez, propietario de una de las compañías de seguridad implicadas en el expediente. Su abogado, Carlos Balcácer, afirmó que Rodríguez efectuó pagos bajo presión a funcionarios, los cuales calificó como “comisiones informales” exigidas para agilizar los pagos por servicios ya prestados, y no como sobornos para obtener contratos.
Otro de los detenidos es Wellington Peralta, miembro activo de las Fuerzas Armadas. Según su abogado, Carlos Nova, Peralta solo actuó como intermediario, prestando su cuenta bancaria por instrucciones de un superior jerárquico y sin beneficiarse directamente del dinero.
La Operación Lobo ha puesto bajo la lupa a una red que, según la Fiscalía, operaba con la complicidad de funcionarios públicos, miembros activos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en perjuicio del erario y la transparencia institucional.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas horas el tribunal decida si impone prisión preventiva u otras medidas cautelares a los acusados.
