Santo Domingo. – Tras un informe prelimimar dado a conocer ayer por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), informó que inició el proceso para cancelar 18 contratos firmados con oferentes.
Además, dispuso la cancelación de 9 colaboradores que participaron en las licitaciones, entre ellos, los peritos responsables de las evaluaciones técnicas.
En una nota de prensa, la institución dijo que continuará colaborando de manera activa con todas las investigaciones relacionadas con los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar iniciados en el año 2024.
La institución explicó que ha respondido puntualmente a cada una de las solicitudes realizadas por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría relacionadas a la investigación que aún se encuentra en curso e informó que lo propio hará con cualquier información que pueda requerir la Procuraduría General de la República (PGR).
Otras medidas
La institución también recordó que fue la propia Dirección Ejecutiva del INABIE que solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades identificadas de forma preliminar en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 relacionados a la utilería escolar.
El INABIE también destaca que hasta el momento las evaluaciones realizadas a los procesos no han evidenciado afectación de derechos, ni se han recibido ningún tipo de impugnaciones por parte de los oferentes ni en la institución ni en la propia DGCP.
Como parte de esas medidas, se dispuso de inmediato la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas.
La institución destacó que no se ha efectuado ningún desembolso económico vinculado a los contratos de empresas denunciadas en estos procesos, en salvaguarda de los recursos públicos.
Desde el año 2022, el INABIE ha fortalecido sus controles internos y ha ejecutado diversas acciones orientadas a garantizar la integridad de sus procesos.
Entre estas se encuentran la suspensión de más de 50 proveedores por hallazgos en distintas licitaciones, solicitudes formales de inhabilitación por falsedad de documentos, así como el inicio de la instalación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento, que permitirá identificar de forma anticipada posibles prácticas contrarias a la ley.
