Santo Domingo, RD.- A raíz de la de la promulgación de la ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista, especialistas en el tema llaman al gobierno a que se cumpla la normativa, a pesar de que en el país no se conocen las estadísticas de personas con este trastorno.
Aunque el Poder Ejecutivo aprobó la Ley, esto no quiere decir que se resuelve la situación de decenas de familias de escasos recursos que deben asumir los gastos generales de una persona con este trastorno, y es que los fondos económicos de los que hay que disponer excede el ingreso promedio de las familias pobres.
Entre 3 mil y 6 mil pesos ronda una consulta, además de la dieta, el pago de un colegio especial, y actividades recreativas acorde a su condición neurológica.
Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en el ano 2022, 1 de cada 100 personas en el mundo padece esta condición humana.
Este trastorno encaja dentro de la categoría del trastorno del desarrollo neurológico en conjunto con discapacidades intelectuales, trastorno de la comunicación, trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje y trastornos motores, entre otros trastornos del desarrollo neurológico, esto de acuerdo a la Asociación Dominicana de Psicología.
Promulgación de la Ley
La promulgación de la Ley responde al artículo 58 de la Constitución de la República que establece que el Estado promoverá y asegurará a las personas con discapacidad. El mandato procura agilizar acciones para la protección de los derechos y el bienestar de los que diagnostican con este trastorno del neuro desarrollo.
Y, entre otras cosas específicas, busca crear mecanismos de inclusión y que se respeten los derechos de quienes padecen esta condición. En este sentido, además, procura aliviar la carga económica que esto representa para una familia de escasos recursos.
Pero, aunque es una condición especial, los que son diagnosticados con este trastorno, esto no significa que son niños con retraso mental, sino que manifiestan actitudes atípicas que requieren de cuidados especializados.
La pieza duro aproximadamente 15 años en el Congreso Nacional antes de pasar el filtro ejecutivo.
