Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE), decidió iniciar una investigación sobre las denuncias realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, de que el Gobierno estaría usando recursos del Estado para favorecer a candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
A través de una comunicación, firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, el pleno señaló que en virtud de lo que establece el reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral y pone en funcionamiento la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares que establecen las leyes que rigen el sistema político dominicano, remitirán las respectivas denuncias ante esa unidad de atención a las infracciones electorales.
“A los fines de garantizar el debido proceso en el procedimiento administrativos sancionador electoral, el Pleno de este órgano electoral ha adoptado la decisión de remitir la indicada denuncia por ante la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares, a los fines de que proceda, en el marco de sus facultades y atribuciones a realizar las indagatorias e investigaciones que sean necesarias en torno a la misma”, indica la misiva enviada a los partidos opositores.
Esa unidad tiene las atribuciones de darle el curso correspondiente a las denuncias que sean depositadas ante la Junta Central Electoral respecto a la comisión de posibles infracciones administrativas electorales; coordinar los trabajos que realizan a nivel nacional cada una de las comisiones operativas y los enlaces en las circunscripciones electorales del exterior a que se refiere el presente reglamento; recabar las pruebas que sean necesarias con ocasión de las infracciones administrativas electorales, para someterlas a la consideración del pleno, a fin de que adopte la decisión que corresponda y recomendar, mediante dictamen, la aplicación de todas las medidas y sanciones que considere procedentes.
