Santo Domingo.-El miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, cuestionó profundamente el acuerdo alcanzado en el caso de Maxi Montilla, al considerar que debió aplicarse una sanción penal, aún cuando el imputado aceptara responsabilidad y devolviera bienes o dinero al Estado.
“Yo entiendo que, además de la devolución en metálico o en bienes, debió imponerse una sanción penal, aunque fuera mínima.”
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Montilla explicó que el Ministerio Público está facultado para aplicar criterios de oportunidad y extinguir la acción penal, pero advirtió que en este caso surgen dudas importantes. Señaló que no está claro si la participación de Montilla fue como coautor o como cómplice, y que esto es determinante para evaluar la pertinencia del acuerdo.
El dirigente sostuvo que la sociedad dominicana desconoce los detalles del acuerdo, pues no se ha hecho público el documento que establece qué admitió, qué reconoció el imputado, ni el alcance real del compromiso asumido con la Fiscalía.
Aseguró que, aunque se haya logrado la devolución de activos, la sanción penal es el verdadero elemento disuasivo en casos de corrupción.
“Si solo devuelves lo que robaste, ¿cuál es el temor de delinquir? No es lo mismo devolver dinero que también cumplir aunque sea un año de cárcel”, afirmó.
Pide transparencia y cuestiona manejo del Ministerio Público
El dirigente criticó que en otros casos, como Calamar, acuerdos similares tampoco han sido transparentados ni judicializados, a pesar de que imputados han admitido millonarios fraudes al Estado.
Afirmó que, si la Procuraduría suele filtrar interrogatorios de manera selectiva, debería también ofrecer una explicación pública y completa, como se hace en otros países, sobre los criterios que sustentan este tipo de acuerdos.
Sostuvo que al gobierno y al Ministerio Público les falta coherencia con su discurso de transparencia, recordando que fue una de las principales promesas durante la campaña oficialista.
El dirigente concluyó que todo acuerdo de criterio de oportunidad debe hacerse público, para que la ciudadanía conozca qué responsabilidades se asumieron, qué sanciones se evitaron y bajo qué argumentos se decidió extinguir la acción penal.
Agregó que debe perseguirse penalmente a todos los responsables de corrupción, “aunque sea para que cumplan seis meses de cárcel”, a fin de enviar un mensaje claro de consecuencias reales para quienes violen la ley.
