Santo Domingo.– Legisladores y representantes de la sociedad civil valoraron la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el decreto que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y ordenó que esa materia sea establecida mediante una ley.
Esta semana, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, mediante el cual se restringen los horarios de venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y centros otros de diversión.
No obstante, el alto tribunal dispuso que el decreto mantenga su vigencia durante dos años, contados a partir de la notificación de la sentencia, con el propósito de evitar un vacío normativo mientras el Congreso Nacional conoce y aprueba una legislación sobre el tema.
El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, demostró que la decisión busca trasladar a una ley las disposiciones contenidas en el decreto, para dotarlas de mayor rigor jurídico.
Castillo afirmó que los horarios para la venta de bebidas alcohólicas deben continuar regulados, debido al impacto que las fiestas y actividades nocturnas generan en comunidades y sectores residenciales.
“Hay que vivir en un barrio para saber realmente el daño que hace una fiesta a las tres o cuatro de la mañana, cuando la gente no puede dormir”, expresó el legislador, quien dijo estar dispuesto a respaldar una iniciativa que mantenga la regulación hasta las dos de la madrugada.
De su lado, diputados del Partido Revolucionario Moderno cuestionaron que el Tribunal Constitucional fijara un plazo específico, aunque reconocieron que la medida permite conservar temporalmente el esquema vigente.
El diputado Ramón Bueno sostuvo que el país no puede permitir que la falta de regulación convierta la venta de bebidas alcohólicas en un “libertinaje”, con negocios abiertos hasta altas horas de la mañana.
El legislador indicó que debe elaborarse una ley que proteja a la ciudadanía, garantice la seguridad pública y también preserve la inversión de los comerciantes.
“Nosotros creemos que eso hay que regularlo, porque en esas jornadas prolongadas es donde se producen muchos incidentes que luego la población tiene que lamentar”, manifestó.
Mientras tanto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lacen, demostró prudente la decisión del Tribunal Constitucional de mantener la vigencia del decreto durante dos años.
Lacen afirmó que corresponde al Congreso Nacional aprobar una legislación que regula los horarios para el gasto de bebidas alcohólicas, debido a que esa facultad no compite al Tribunal Constitucional.
Aunque la decisión no fue adoptada de manera unánime, el tribunal reconoció que el objetivo del decreto era preservar el orden público y la seguridad ciudadana, una finalidad considerada legítima desde el punto de vista constitucional.
Con la sentencia, el Congreso tendrá un plazo de dos años para conocer y aprobar una ley que establezca de manera definitiva los horarios y condiciones para la venta de bebidas alcohólicas en el país.
