Por: Valentín Medrano
“71%, es decir 310 de 436, es el número de Fiscalizadores que cumplen funciones de fiscales, una necesidad institucional del MP. Que no concursaron para ser usados como tal y que ahora, años de uso quieren que concursen para ver si están aptos para la función que bien desempeñan”. (Twit).
70%
Sobre ese 70%, la práctica dice que sus funciones han sido desempeñadas óptimamente en un 95%, y el nivel de quejas o denuncias por mal desempeño es prácticamente imperceptible desde el punto de vista estadístico. Es decir, son fiscalizadores haciendo las veces de fiscales por años, muchos de los cuales incluso están realizando labores protagónicas y con brillo en instancias como la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Lavado de Activos y hasta en la encumbrada Dirección de Persecuciones, segundo órgano en la operatividad funcional del Ministerio Público.
No es para nada justo, que ahora se le pretenda hacer pasar por el tamiz de un concurso que no podría distar de los informes de desempeños de éstos en las funciones que ya ejercen, y que ejercen con calidad, entrega, sacrificios y la aprobación pública de sus coordinadores y usuarios del sistema de justicia.
Necesidad institucional
La necesidad institucional jamás podrían ser 90 fiscales, pues estos fiscalizadores ejercen funciones de fiscales y un simple ejercicio aritmético dice que eso no es posible, pues para subir 90 deberían bajar 346 a funciones que no realizan y en ese caso sería un injusto uso de un capital humano subvaluado, disminuido, pago por debajo de las funciones que ya desempeñan y del salario equivalente para tal función. Empero también la pretensión afecta hacia arriba a fiscales con derechos adquiridos, con vocación y derechos a ascensos y a los que también se pretende imponer un estatuto que les retrotrae a situaciones superadas con asiento al tiempo en la función, que implica una situación jurídica asentada y amparable.
La propuesta no es la de un reglamento, es la de una purga interna, cargada de exigencias inexistentes al momento de pactar la interrelación entre la institución y sus buenos y fieles servidores.
Estos fiscalizadores y fiscales ingresaron por concursos de oposición libres de injerencias políticas y su compromiso y apego institucional atestiguan su integridad y religiosidad en el cumplimiento de sus funciones.
Sin dejar de reconocer el gran esfuerzo que lleva a efecto la actual cúpula del Ministerio Público en dotar a la institución de un reglamento interno de escalafón, la ley lo manda y la transparencia y la equidad lo aconsejan, empero, esto debe tomar en cuenta los derechos adquiridos, la verdadera necesidad institucional, que en la práctica dista de la oferta de plazas respecto al cumplimiento de las funciones de fiscales asignadas y sobre todo, el concurso en los hechos éstos han aprobado aún desde antes de que existiera el actualmente propuesto.
