La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), llamaron la atención sobre la necesidad de fortalecer y preservar la seguridad jurídica en el país ante hechos como la trama de una red criminal que pretendía despojar de sus derechos a los accionistas de la empresa Costa Dorada en Baní, provincia Peravia.
El presidente de Asonahores, David Llibre, manifestó que, aunque este es un tema que está en investigación y está siendo debatido legalmente, es importante abogar por la seguridad jurídica de ese proyecto y aseguró que “casos como estos afectan la imagen inmobiliaria turística de la República Dominicana.
“Estamos confiados en que las autoridades actuarán de la manera correcta para que casos así no sucedan”, aseguró Llibre.
La AIRD señaló la necesidad de que en República Dominicana se continúe garantizando firmemente la seguridad jurídica, como condición para mantener tanto el flujo de nuevas inversiones como el desarrollo de proyectos en que participen inversionistas legítimos.
“La seguridad jurídica es uno de los aspectos más valorados para el crecimiento de las inversiones y para motivar a capitales nacionales y extranjeros a realizar nuevas inversiones”, aseguró Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Pujols sostuvo que se hace necesario el respeto del estado de derecho, incluyendo de modo especial el respeto al derecho de propiedad dispuesto en la Constitución dominicana.
“Desde la AIRD confiamos en que nuestra justicia es y será capaz de sostener la vigilancia y el rechazo contundente a toda acción que vulnere estos elementos”, expresó Pujols en unas declaraciones ofrecidas al Listín Diario.
Afirmó que la institución siempre favorecerá que los negocios a desarrollar cuenten tanto con legalidad como con legitimidad y estará firmemente en contra de cualquier acción que vulnere estos principios.
Red delictiva
Una investigación reveló la existencia de una red criminal que ha sido imputada en un fraude colosal que alteró la historia societaria de la compañía Costa Dorada, en Baní, para apoderarse del capital de los accionistas y del inmueble, cuya operación involucra a abogados, contadores, militares y otros individuos.
El ente societario está localizado en el área costera de Sabana Buey, en los límites de Bahía de Calderas, con una extensión de seis millones 363, 200 metros cuadrados.
Para ejecutar esta trama, los partícipes habrían preparado más de un centenar de documentos falsos, entre estos contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos que alteran la historia societaria de la compañía.
