Meta Platforms enfrenta una demanda judicial en las Islas Vírgenes de Estados Unidos por presuntamente haber obtenido miles de millones de dólares a través de la difusión de anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram. La acción legal fue presentada por la fiscalía territorial ante el tribunal superior de St. Croix y se ampara en las leyes locales de protección al consumidor.
De acuerdo con la querella, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg habría permitido de forma deliberada la proliferación de anuncios engañosos, estafas, apuestas ilegales y comercialización de productos prohibidos, al considerarlos una fuente relevante de ingresos. Documentos internos citados en el expediente judicial indican que este tipo de publicidad generaba beneficios millonarios anuales, lo que, según las autoridades, fue tolerado como parte del modelo de negocio de la compañía.
Las autoridades señalan que Meta retrasaba intencionalmente el bloqueo de anunciantes sospechosos y exigía un alto nivel de certeza antes de tomar medidas, lo que permitió que anuncios fraudulentos permanecieran activos durante largos periodos. Como consecuencia, miles de usuarios habrían sufrido pérdidas económicas, mientras la plataforma continuaba recibiendo pagos por la publicidad cuestionada.
Meta rechazó las acusaciones y afirmó que combate de manera activa las estafas en todas sus plataformas. A través de un portavoz, la empresa aseguró que ha fortalecido sus herramientas de detección, endurecido sus políticas internas y reducido los reportes de fraudes en los últimos meses. También negó haber descuidado la protección de menores y destacó actualizaciones recientes en sus normativas de seguridad.
El caso se produce en un contexto de creciente presión sobre las grandes plataformas tecnológicas, con reguladores y legisladores que exigen mayor responsabilidad en la vigilancia de contenidos y en la protección de los usuarios. Las autoridades de las Islas Vírgenes indicaron que esta demanda busca cubrir vacíos en la supervisión federal y podría abrir el camino a nuevas acciones legales contra empresas del sector de la publicidad digital.
