SANTO DOMINGO. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción estructurada por el Ministerio Público, fueron más de ocho mil los registros penales que la supuesta estructura criminal, desmantelada por medio de la operación Gavilán, eliminó o adulteró durante todo el tiempo que pudo operar a espaldas de las autoridades.
Esas 12 personas, entre las que hay fiscales y policías, para lograr su cometido aprovecharon su posición de empleados con acceso a la base da datos de registros penales de la Procuraduría General de la República (PGR), para dejar limpios a quienes acudían a sus servicios, dice el expediente.
“Crearon un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificación nacional que funcionaba bajo el esquema de: solicitud de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivoo transferencia, eliminación de antecendetes, consulta de aprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales o franqueo para salir del país”, dice el documento.
La estructura se organizó en el tiempo. Se dividió roles y tenía todas las características propias de las organizaciones del crimen organizado.
El sistema duró años, pero el 2018 fue cuando se consagró ya que, como detalla el Ministerio Público, en ese momento incrementó de manera significativa a partir de lo que denominaban La Vuelta.
Con sus operaciones beneficiaron a criminales de carrera de alto perfil a quienes les prestaban un servicio permanente de borrado de registros penales, a cambio de cantidades de sobornos, reza la solicitud de medida de coerción.
Las transferencias fueron millonarias y se ejecutaron adulterando los conceptos de las transferencias para disfrazar el objeto ilícito de la misma, se afirma en el relato que plantea el órgano acusador.
