REDACCIÓN.- El Ministerio Público rechazó las impugnaciones presentadas por la abogada Laura Acosta, representante legal de Gonzalo Castillo, al considerar que se trata de simples “pataleos” con el objetivo de entorpecer el proceso judicial en el caso de corrupción conocido como Operación Calamar.
Acosta sostiene que la acusación contra su cliente fue presentada fuera del plazo establecido, argumentando que el Ministerio Público entregó el expediente el 6 de mayo de 2024, cuando la fecha límite para hacerlo era el 30 de abril.
Ante esta supuesta irregularidad, solicitó que se cite como testigos a las personas responsables de recibir y sellar el documento, con el fin de demostrar que se incumplieron los plazos legales. Además, pidió que se declare inadmisible la acusación formal contra Castillo.
Sin embargo, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró que la entrega del expediente se realizó dentro del tiempo reglamentario, afirmando que fue presentado cinco días antes del vencimiento del plazo.
Condenan a Onguito Wa a tres años de prisión por accidente de tránsito donde falleció haitiano
Ortiz insistió en que la impugnación de la defensa es solo un intento de “evadir el proceso” y que, de haber existido un incumplimiento en la entrega, el Cuarto Juzgado de Instrucción no habría sido apoderado del caso, ya que la Coordinación de los Juzgados de Instrucción es la entidad responsable de verificar el cumplimiento de los plazos.
Ante este panorama, la jueza Altagracia Ramírez instó a la defensa de Castillo a presentar testigos que respalden su reclamo y permitan esclarecer si, efectivamente, hubo una entrega tardía del expediente.
Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene su postura y se prepara para continuar con el proceso en la audiencia programada para el 11 de abril, cuando se espera que se presenten nuevos elementos en el caso.
El expediente de la Operación Calamar, que abarca un total de 3,662 páginas, señala a varios exfuncionarios de alto rango por presunta malversación de fondos públicos, con un desfalco que superaría los 41,000 millones de pesos.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, es señalado como una de las figuras clave dentro de este entramado de corrupción. Según la acusación, junto a otros exministros como José Ramón Peralta y Donald Guerrero, habría participado en un esquema fraudulento basado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos destinados a financiar campañas políticas.
Además de estos exfuncionarios, el caso también involucra a otras figuras del ámbito estatal, como el excontralor general de la República, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar y el exdirector de Catastro Nacional, quienes son acusados de desviar fondos estatales para beneficio personal y político.
La Operación Calamar ha generado un fuerte impacto en el escenario político del país, al destapar una presunta red de corrupción a gran escala que, según el Ministerio Público, desvió sumas millonarias del erario.
A medida que el proceso avanza, las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer el alcance del fraude y determinar las responsabilidades de los implicados.
