Santo Domingo.- El Ministerio Público nombró “Operación Camaleón” a la investigación que se lleva a cabo en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y del representante de Transcore Latam, Jochi Gómez.
Además de Beras y Gómez, otras cinco personas están bajo investigación por su supuesta vinculación a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, mediante el uso de alta tecnología y robo de identidad.
De acuerdo a nota de prensa del MP, tras la puesta en marcha de la “Operación Camaleón”, se arrestaron Beras y Gómez, y otras cinco personas que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
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Los detenidos se encuentran en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, que se llevó a cabo en la noche del 2 de octubre de 2024, se realizaron allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron aproximadamente 170 miembros de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en delitos de crimen organizado.
Los allanamientos resultaron en la incautación de cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, el cual ha calificado esta operación como una de las “más exitosas” en su lucha contra el crimen organizado, destacando que el procesamiento de algunas de las evidencias se extendió por más de 12 horas.
Entre los delitos objeto de imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como el contrato ilegal celebrado con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, fechado el 23 de junio de 2020, el cual utilizaron para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se investiga el sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto.
