Nigua, San Cristóbal.– La muerte de un trabajador en una mina de agregados del municipio de Nigua ha destapado una grave violación a la Ley de Medio Ambiente, luego de que las autoridades confirmaran que la empresa operaba de manera ilegal pese a haber sido cerrada y sancionada desde septiembre del año pasado por incumplir su permiso ambiental.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la mina de agregados Aremax había sido clausurada de forma definitiva tras comprobarse que excedió el área autorizada para la explotación y violó los criterios técnicos establecidos en su autorización ambiental. No obstante, la empresa continuó operando, lo que derivó en un derrumbe que cobró la vida del trabajador Eloy Peña, el pasado 22 de enero.
La información fue ofrecida durante una intervención conjunta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), quienes acudieron al lugar para levantar evidencias con fines de sometimiento judicial contra los propietarios de la empresa.
El viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que además del cierre definitivo, los dueños de la grancera fueron sancionados administrativamente al comprobarse que violaron los límites del polígono autorizado y realizaban una explotación no sostenible, en abierta contradicción con la normativa ambiental.
Ante la reincidencia de la empresa, las autoridades indicaron que corresponde ahora a la Procuraduría Especializada proceder con acciones judiciales, mientras que el SENPA deberá mantener vigilancia permanente en la zona para evitar que la mina retome operaciones de forma clandestina.
Durante el operativo, el fiscal actuante Francisco Contreras señaló que la situación se agrava debido a que el trabajador falleció mientras realizaba labores de extracción en una mina que ya estaba legalmente clausurada, lo que podría conllevar responsabilidades penales para los propietarios.
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En tanto, el ambientalista Luis Carvajal calificó el caso como un delito ambiental grave y aseguró que la comisión que representa respalda cualquier medida que sancione a los responsables. “Esta empresa operaba al margen de la ley, sin permiso y sin cumplir los criterios técnicos para la explotación de minas no metálicas”, afirmó.
Las autoridades también informaron que los propietarios estarán obligados a remediar el daño ambiental, incluyendo la restitución de la capa vegetal y la reforestación del área afectada, conforme a lo establecido por la ley.
El caso ha reavivado las denuncias sobre la falta de controles en explotaciones mineras del área. El exdirector provincial de Medio Ambiente, Ángel Brea, advirtió que en la zona conocida como la antigua mina Milito se han registrado incidentes similares, evidenciando un patrón de operaciones irregulares que pone en riesgo vidas humanas y el medio ambiente.
