Redacción. – Este miércoles la señora Doris, conocida entre sus allegados como Yoli, alzó su voz en representación de varios residentes de la comunidad de La Treboca para denunciar lo que calificó como un proceso injusto y lleno de irregularidades en torno a un acuerdo entre la empresa minera Barrick Gold y el Estado dominicano.
Durante su intervención, Doris expresó que no es cierto que la comunidad haya estado de acuerdo con los términos del contrato. “Ustedes dicen que todo está resuelto, lo cual es mentira. Que hubo un acuerdo, lo cual hubo amenaza con ese acuerdo. Que le iban a quitar 12 casas a El Naranjo a una señora que está en la comisión, si no firmaba”, señaló, acusando a los representantes estatales y de la empresa de imponer decisiones sin la debida consulta a la población.
La comunitaria también cuestionó la legitimidad de los supuestos representantes firmantes del acuerdo, asegurando que estos no representan a la mayoría de los residentes. “Nunca hicieron una visita pública donde nosotros decidiéramos si estábamos de acuerdo sí o no con los precios”, denunció.
“Nuestra propiedad es de nosotros y ustedes no tienen derecho a negociar nada de la comunidad sin permiso de nosotros”, dijo, al tiempo que criticó que se pretenda establecer precios sin considerar la voluntad de los dueños legítimos.
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Asimismo, cuestionó que la tierra rural haya sido tasada en 60,000 pesos la tarea para fines de explotación minera. “Eso es para sacar el dinero a costilla de nosotros, los campesinos. No estamos vendiendo. Fueron ustedes que vinieron a molestarnos con el Estado y tienen que pagarlo lo que vale”, manifestó con firmeza.
Otro aspecto polémico mencionado fue la inclusión de un supuesto documento firmado por representantes comunitarios que autoriza el uso del terreno para la construcción de una “presa de cola”, una estructura destinada al almacenamiento de desechos mineros. “Eso significa la cicla: almacenamiento de relaves de minas y desperdicios. Y ustedes lo pusieron como si la comunidad entera lo hubiese autorizado, lo cual es falso”, aseveró Doris.
La intervención culminó con una denuncia grave sobre hechos ocurridos el pasado 8 de enero, cuando, según testigos, se produjeron incidentes violentos durante una reunión con autoridades. “Nos cayeron a tiro y a bomba. Todavía hay prueba y hay secuelas. Ustedes desde hoy en adelante son personas no gratas en nuestra comunidad”, concluyó, visiblemente afectada, en presencia de otros comunitarios y autoridades.
El evento, en el que también se encontraba presente la gobernadora provincial, fue escenario de tensiones crecientes y revela el profundo malestar de sectores de la población frente a las operaciones mineras en la zona.
