NACIONES UNIDAS. – Haití atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en décadas, con más de 4,026 asesinatos intencionados registrados en el primer semestre del 2025, lo que representa un aumento del 24 % con respecto al mismo período del año anterior, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
Durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en la nación caribeña, el secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, alertó que Puerto Príncipe está “paralizada y aislada” bajo el control de bandas armadas.
Del total de víctimas, se contabilizan 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños, evidenciando el impacto desproporcionado sobre la población civil. Además, el número de personas desplazadas internamente ha alcanzado los 1.3 millones, triplicando la cifra de 2023 y multiplicándose por seis en comparación con 2022, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
Jenča advirtió que, sin una acción contundente de la comunidad internacional, podría producirse “el colapso total del Estado” en la capital haitiana.
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Por su parte, Ghada Waly, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informó que aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está bajo control de grupos criminales. Además, señaló el colapso de servicios esenciales, como la clausura de una presa hidroeléctrica que proveía el 30 % del suministro energético del país, y el auge de grupos de autodefensa parapoliciales.
Waly también denunció la repatriación forzosa de migrantes haitianos desde varios países de la región, lo cual, dijo, agrava la vulnerabilidad de estas poblaciones que regresan a zonas altamente inseguras.
Mientras tanto, las autoridades haitianas, con apoyo de la ONU, mantienen planes para celebrar elecciones en febrero de 2026, aunque Jenča advirtió que las profundas divisiones entre actores políticos y la violencia persistente amenazan con hacer inviable el proceso.
En un frente paralelo, un juez federal en Nueva York falló a favor de haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), ofreciendo un respiro legal frente a los intentos previos de la administración Trump de cancelar dicha protección.
