Santo Domingo. Representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) manifestaron preocupación ante el cierre de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA), al considerar que la situación podría afectar la imagen del país y la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, calificó el hecho como “vergonzoso” y sostuvo que evidencia el nivel de penetración de la corrupción, al tiempo que advirtió que el caso empaña la reputación de la República Dominicana ante la comunidad internacional, particularmente frente a Estados Unidos.
Mercedes insistió en la necesidad de una investigación profunda y transparente que determine si existen autoridades dominicanas involucradas o beneficiadas, recordando que en los últimos años funcionarios y exfuncionarios han sido señalados y extraditados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la misma línea, el presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, cuestionó que la medida responda únicamente a la actuación de un agente, al considerar que podría tratarse de una investigación de mayor alcance con implicaciones institucionales.
De la Rosa señaló presuntas irregularidades en el manejo de procesos de extradición, explicando que, conforme al procedimiento legal, las solicitudes deben tramitarse a través de la Cancillería, la Procuraduría General de la República y ser conocidas por la Suprema Corte de Justicia antes de una eventual autorización presidencial.
Según su denuncia, algunas personas solicitadas en extradición habrían viajado a territorio estadounidense utilizando visados bajo programas de colaboración, lo que afirmó pudo haber impedido la incautación de bienes en la República Dominicana, afectando los intereses del Estado en casos de narcotráfico y lavado de activos.
Ambos dirigentes coincidieron en que la situación podría tener repercusiones en la cooperación bilateral y en la evaluación internacional del país en materia de lucha antidrogas. En ese sentido, llamaron a esclarecer los hechos, fortalecer los mecanismos institucionales y garantizar que los procesos se realicen conforme a la ley, a fin de evitar mayores consecuencias para la República Dominicana.
