Santo Domingo.-El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Hernández, calificó como una “aberración jurídica” la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la exclusión de varias parcelas del Parque Nacional Jaragua, al considerar que vulnera el marco constitucional y legal que protege las áreas protegidas del país.
Paíno Hernández afirmó que no existe justificación legal para reducir una zona protegida, al tratarse de un territorio que goza de una protección especial.
“Tiene que haber una justificación para reducir un área protegida. Lo que ya está protegido no puede disminuirse. Sin embargo, el TSA interpretó que debía excluirse esas parcelas por una declaratoria de polo turístico, lo que para nosotros constituye una aberración jurídica”, expresó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el funcionario recordó que, tras la Constitución de 2010, el Tribunal Constitucional ha fortalecido la protección de las áreas protegidas, estableciendo mediante varias sentencias que estas no pueden ser reducidas, ni siquiera mediante una ley orgánica.
Sentencia contradice al Tribunal Constitucional
Indicó que el TSA ignoró este precedente constitucional y, además, basó su decisión en un informe elaborado por un agrimensor privado, sin consultar a la Dirección General de Mensura Catastral, lo que, a su juicio, constituye un grave vicio jurídico.
“El fallo contiene serios vicios, incluso afirma que Mensura Catastral certificó que esos terrenos no podían estar dentro del SINAP, lo cual es totalmente falso. Esa certificación fue emitida por un agrimensor privado. Por eso estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional, donde ya hemos recurrido en revisión, va a corregir esta amenaza”, sostuvo.
Advirtió que el caso sienta un precedente peligroso, no solo para el Parque Nacional Jaragua, sino para todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Parque Jaragua es patrimonio mundial de la biósfera
El ministro advirtió que la sentencia representa una amenaza no solo para el Parque Nacional Jaragua, sino para todo el sistema de áreas protegidas del país, al sentar un precedente peligroso basado en intereses privados.
Recordó que el Parque Nacional Jaragua ha sido declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO, lo que lo convierte en un patrimonio ambiental de alcance mundial.
“No es solo un área protegida dominicana, es un patrimonio de la humanidad. No podemos darnos el lujo de amenazarlo”, subrayó.
Paíno Hernández aclaró que, hasta el momento, las investigaciones del Ministerio no han arrojado indicios de corrupción, aunque reconoció que hubo una evaluación incorrecta del aspecto técnico-jurídico del caso.
Posible querella penal
El funcionario informó que la Coalición para la Protección de las Áreas Protegidas estaría preparando una querella penal relacionada con el caso, mientras otras autoridades realizan las investigaciones correspondientes.
Puede leer: INABIE aclara investigación de ProCompetencia sobre licitación de 2023
Sobre los propietarios de las parcelas en disputa, explicó que se trata de una familia históricamente conocida, la familia Gadala María, que ha mantenido conflictos de tierras con el Estado dominicano desde hace décadas, aunque reiteró que no existen evidencias de hechos de corrupción en este caso.
Falta histórica de regularización
El ministro reconoció que el Estado dominicano no ha asumido históricamente con responsabilidad la regularización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, señalando que en muchos casos se declararon áreas protegidas en territorios donde ya existían títulos de propiedad, sin que se ejecutara la debida declaratoria de utilidad pública ni las compensaciones correspondientes.
Esta situación, explicó, ha generado una brecha legal que ha sido aprovechada por intereses privados para intentar explotar zonas protegidas con fines turísticos e inmobiliarios.
Avances en titulación de áreas protegidas
Paíno Hernández destacó que el actual gobierno trabaja en la regularización y titulación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Informó que el Parque Nacional José del Carmen Ramírez ya ha sido titulado en más de un 85 %, mientras que la zona oeste del Parque Jaragua, incluyendo Bahía de las Águilas, está totalmente titulada a nombre del Estado.
Asimismo, indicó que avanzan los trabajos en Los Haitises, una de las zonas de mayor conflicto histórico por la falta de regularización parcelaria.
Explicó que la falta de titulación parcelaria ha permitido que, aun después de compensaciones, algunos propietarios vuelvan a reclamar terrenos años después.
Marco legal y seguridad hídrica
El ministro explicó que la Ley 202-04, una ley orgánica aprobada en 2004, organiza el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y establece claramente los límites de los parques nacionales, reservas científicas y monumentos naturales.
Aclaró que esta última no ordena reducir ni modificar los límites del parque, y que una ley ordinaria no puede derogar ni mutilar una ley orgánica.
Resaltó que el 85 % del agua que consume la República Dominicana para uso humano, agrícola, turístico e industrial se produce dentro del SINAP, lo que convierte a este sistema en la principal garantía de la seguridad hídrica nacional.
“En una isla como la nuestra, proteger las áreas protegidas es proteger nuestra vida. No tenemos una alternativa tecnológica costo-eficiente para sustituir ese recurso”, advirtió.
Finalmente, aclaró que la Ley 266-04, que declara polo turístico una zona del sur del país, es una ley ordinaria y no ordena modificar ni reducir los límites de las áreas protegidas, por lo que no puede estar por encima de una ley orgánica como la de Medio Ambiente.
“Una ley ordinaria no puede mutilar un parque nacional protegido por una ley orgánica. Eso es derecho básico”, concluyó.
