Lisboa.– El Parlamento de Portugal dio este jueves el primer paso para restringir el acceso autónomo a redes sociales a menores de 16 años, tras aprobar una propuesta de ley presentada por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).
La iniciativa eleva de 13 a 16 años la edad mínima para utilizar redes sociales sin autorización. Por debajo de ese límite, los menores necesitarían el consentimiento de sus padres o tutores legales.
El texto fue respaldado por el PSD, el Partido Socialista (PS), el partido animalista PAN y el regionalista JPP. Se abstuvieron los democristianos CDS-PP socios del Gobierno, el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y un diputado socialista. En contra votaron el ultraderechista Chega y Iniciativa Liberal (IL).
Tras esta primera aprobación, la propuesta será analizada en comisión parlamentaria para introducir posibles modificaciones, antes de regresar al pleno de la unicameral Assembleia da República para su votación definitiva.
El proyecto contempla multas de hasta dos millones de euros para las empresas propietarias de plataformas que incumplan la norma. En el caso de personas físicas, las sanciones oscilarían entre 10,000 y 250,000 euros.
Además, establece que la verificación de edad se realice mediante una clave digital con autenticación simple o reforzada. También propone medidas para prevenir la adicción en menores de 16 años, como prohibir la reproducción automática de contenidos, las notificaciones no esenciales y sistemas de creación de imágenes o videos falsos.
Entre los servicios afectados figuran plataformas de redes sociales, apuestas y juegos en línea, así como servicios para compartir imágenes y videos o contenidos considerados adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad. Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales.
La iniciativa coincide con medidas anunciadas en otros países europeos. La Comisión Europea ha valorado iniciativas similares, como la de España, aunque recordó que deben ajustarse a la normativa comunitaria sobre servicios digitales. Países como Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca también han expresado preocupación por los riesgos que las plataformas tecnológicas representan para los menores.
