Santo Domingo.– El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana rechazó que en República Dominicana se esté aplicando el llamado lawfare, término que hace referencia al uso del sistema judicial con fines políticos para fabricar acusaciones, desprestigiar o inhabilitar adversarios.
La posición fue expresada por el jurista y activista social Pancho Álvarez, durante una entrevista en el programa D’AGENDA, donde sostuvo que en el país no se han utilizado mecanismos judiciales para impedir la participación política de líderes.
“No, yo creo que no. Mi opinión es que aquí no se han utilizado mecanismos que traten de inhabilitar a líderes políticos”, afirmó Álvarez, al señalar que cuando funcionarios públicos son acusados de administrar mal recursos del Estado o distraer fondos, no se puede hablar de persecución política.
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Álvarez también se refirió a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien rechazó cualquier intento de manipular procesos judiciales con fines políticos, al considerar que este tipo de acciones afecta la integridad de las instituciones democráticas.
El representante de Participación Ciudadana defendió el derecho de la diplomática a opinar sobre el tema, al señalar que la democracia es un valor universal y no se limita únicamente al ámbito nacional.
“Ella tiene el derecho de opinar, no hay atentado a la soberanía nacional. Para mí eso es parte de la democracia”, expresó.
Asimismo, recordó que distintos países de la región han recibido cooperación internacional para fortalecer sus sistemas democráticos, incluyendo programas impulsados por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Canadá.
Álvarez reconoció que Participación Ciudadana ha recibido apoyo de agencias internacionales para trabajos vinculados a procesos electorales y lucha contra la corrupción, aunque aclaró que cada país es libre de decidir si colabora o no, y bajo qué condiciones.
El jurista también manifestó su desacuerdo con una decisión del presidente estadounidense Donald Trump, quien habría instruido a fiscales de su país a no perseguir a empresarios norteamericanos involucrados en actos de corrupción en el exterior. A su juicio, Estados Unidos debería colaborar para mejorar los procesos de compras y contrataciones en países con debilidades institucionales.
