Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) hizo un llamado urgente a los actores económicos, al gobierno y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país a impedir que personas y recursos vinculados al narcotráfico se inserten en la economía y en la actividad política dominicana.
El pronunciamiento surge a raíz de recientes informaciones sobre figuras del empresariado con estrechos vínculos con el poder político, principalmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos, que han generado preocupación en la sociedad sobre la eficacia de los mecanismos estatales de control.
PC destacó la importancia de que los partidos políticos fortalezcan sus controles internos sobre afiliación y financiamiento privado, evitando que recursos ilícitos penetren el sistema político. Además, reiteró que partidos, movimientos, agrupaciones políticas y candidatos individuales deberían ser considerados sujetos obligados no financieros bajo la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que les exigiría realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de los fondos privados destinados a campañas electorales.
El comunicado señala que, aunque el PRM se ha desligado de las actividades ilícitas de sus miembros, la organización política tiene responsabilidad por permitir el acceso de personas vinculadas al narcotráfico y de fondos ilícitos a sus filas y financiamiento electoral.
Participación Ciudadana recuerda casos recientes y notorios de exlegisladores y funcionarios del PRM, condenados o investigados en EE. UU., como Miguel Gutiérrez, Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero, Héctor Félix, Edickson Herrera, Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, cuyos antecedentes pasaron desapercibidos en los sistemas de control.
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PC solicita al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que utilice sus facultades para clasificar a partidos, agrupaciones, movimientos políticos y candidatos como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley, garantizando así mayor transparencia y evitando la infiltración de recursos ilícitos en la política y la economía del país.
