Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional, la tarde de este martes dos proyectos de ley que buscan fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
Las iniciativas, sometidas vía el Senado, son un Proyecto de Ley sobre Persecución y Judicialización de las organizaciones criminales y otro de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
La comunicación del mandatario explica que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y de nuestro país, que es el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
Además categoriza y tipifica la organización criminal “como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología”.
También tipifica delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia, de acuerdo a una nota despachada por la Presidencia de la República.
Mientras que la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.
“En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos”, establece la comunicación.
Conjunto de iniciativas penales
La nota da cuenta de que los dos proyectos recién depositados en el Congreso Nacional forman parte de un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo ha venido trabajando de la mano del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de las políticas del Estado contra la criminalidad.
Además recuerda que en octubre del año pasado el presidente de la República también introdujo en el Congreso dos importantes proyectos de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y sobre el secuestro en todas sus modalidades. Ambos están siendo conocidos actualmente por el Senado de la República.
