Santo Domingo. – La República Dominicana consolidó en 2025 una serie de políticas públicas orientadas a la igualdad de género, la prevención de la violencia y la protección de niñas, niños y adolescentes, alcanzando resultados significativos en indicadores clave de bienestar social.
El Gobierno implementó un enfoque integral que articula prevención, protección, educación, autonomía económica y transformación cultural, beneficiando a mujeres, adolescentes y familias en todo el territorio nacional. Durante el año pasado, casi 100 mil atenciones fueron brindadas a mujeres en situación de violencia, incluyendo más de 67 mil asesorías legales y 24 mil asistencias psicológicas. Además, la Línea de Emergencia *212 intervino en 7,079 casos y las Casas de Acogida protegieron a 1,210 personas, entre mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, 84 víctimas de trata recibieron asistencia en refugios especializados.
Los procesos judiciales derivados de estas acciones permitieron obtener 1,568 sentencias favorables para mujeres víctimas de violencia. A su vez, se ofrecieron 4,888 atenciones sociales a familias afectadas por feminicidios, incorporando 632 nuevas familias al Programa de Reparación Económica.
En materia de prevención y educación, el Gobierno inauguró la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con capacidad para 250 estudiantes presenciales y un campus virtual. En 2025, la institución capacitó a 7,292 personas en derechos humanos, liderazgo femenino y políticas públicas.
La autonomía económica también fue un eje central. Más de 6,300 mujeres recibieron formación técnico-laboral en coordinación con INFOTEP, incluyendo oficios no tradicionales como electricidad y mecánica. Se realizaron 3,075 jornadas de educación financiera y emprendimiento, 245 mujeres fueron capacitadas para convertirse en proveedoras del Estado y 110 Bonos Mujer fueron entregados para facilitar el acceso a vivienda digna.
En salud integral y bienestar adolescente, 9,912 jóvenes participaron en programas de prevención de embarazos y uniones tempranas, mientras que se capacitó a personal médico en prevención de violencia obstétrica y se desarrollaron jornadas comunitarias de prevención de cáncer y promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Estos esfuerzos se reflejan en indicadores concretos: los embarazos en adolescentes alcanzaron sus niveles más bajos en décadas, la tasa de ocupación laboral femenina superó el 50%, las mujeres representan más del 53% de la población empleada en Zonas Francas y los hogares liderados por mujeres en situación de pobreza disminuyeron del 20.1% al 18.6%.
El Gobierno asegura que estas acciones forman parte de una política con resultados medibles, datos concretos y realidades transformadas, consolidando la igualdad de género como una prioridad del Estado y reforzando la protección y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en todo el país.
