Santo Domingo. – El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, denunció una preocupante falta de transparencia en el fideicomiso público-privado “DO Sostenible”, creado bajo la Ley de Residuos Sólidos, y afirmó que existe una “mano blanca” detrás de presuntas irregularidades millonarias en su operación.
“Yo creo que hay una mano blanca. Una mano, ese es un caso que nosotros estamos dándole seguimiento. De hecho, le solicitamos al fideicomiso DO Sostenible el desglose de los pagos realizados a las empresas que participan de los rellenos sanitarios, que precisamente son el sostén del fideicomiso”, expresó Julio César de la Rosa.
Durante una entrevista en el Programa Matutino Su Mundo, De la Rosa explicó que ADOCCO solicitó información detallada al fideicomiso sobre los pagos realizados a empresas que operan los rellenos sanitarios, considerados el eje central del proyecto.
“Queremos corroborar estos datos con fuentes oficiales, y si se continúa negando la información, vamos a accionar legalmente”.
Sin embargo, la solicitud fue denegada bajo el alegato de que el contrato de fideicomiso impide compartir información con terceros. ADOCCO acudió entonces al Ministerio de Medio Ambiente, que entregó una documentación incompleta.
“Tenemos informaciones oficiosas que apuntan a pagos por encima del servicio ofrecido y de la capacidad instalada por algunas empresas”, señaló el activista anticorrupción.
Presuntas irregularidades financieras
Según De la Rosa, hay indicios de facturación inflada en el fideicomiso. Puso como ejemplo que empresas con camiones de capacidad limitada estarían cobrando como si ofrecieran servicios con flotas mucho mayores.
“El administrador financiero del fideicomiso ve números que no cuadran, porque hay empresas que facturan como si operaran con el doble de su capacidad real”, denunció.
De la Rosa indicó que ADOCCO está muy avanzada en una investigación propia que ya ha identificado relaciones accionariales entre empresas proveedoras y funcionarios públicos. Dijo que el esquema utilizado “hace difícil rastrear a los verdaderos dueños, pero el cruce accionario revela mucho”.
“Un gran negocio fuera del control público”
El presidente de ADOCCO criticó duramente el esquema de fideicomiso utilizado en DO Sostenible, al considerarlo un mecanismo opaco para manejar recursos públicos sin la debida fiscalización.
“El problema de la basura solo afecta a quienes la recogen o la reciben, pero el gran negocio está en los contratos y pagos. Al tratarse de un fideicomiso fuera del alcance de los órganos de control interno y externo, esto crece sin freno”, sentenció.
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Añadió que aunque el Ministerio Público, a través del PECA, puede intervenir, requiere de denuncias formales y guías claras para actuar. “Esperamos que lo aportado por el PRD contribuya, pero ADOCCO tiene informaciones más allá de lo que ese partido ha presentado”, indicó.
Sobre el Código Penal
Durante su intervención, De la Rosa también celebró la reciente promulgación del nuevo Código Penal por parte del presidente de la República. En su opinión, el código representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción, al incorporar 25 artículos específicos sobre delitos administrativos y públicos.
Entre las figuras tipificadas destacan:
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Peculado de uso, con penas de 5 a 10 años de prisión.
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Conflicto de intereses.
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Irregularidades en compras y contrataciones públicas, ahora en consonancia con la nueva Ley de Compras que entrará en vigor en 2026.
“El Código anterior tipificaba la corrupción como un único delito, con pena máxima de 10 años. Logramos revertir eso para que ahora se reconozca como un conjunto de delitos complejos, cada uno con su sanción correspondiente”, explicó.
Destacó que el nuevo Código establece una prescripción de 20 años para los crímenes de corrupción, el doble del plazo anterior. Aunque no se logró su imprescriptibilidad como ocurre con el genocidio o los crímenes de guerra, consideró que el nuevo plazo es justo y funcional.
No se podrá hacer negocios con el Estado a través de familiares
De la Rosa señaló también que la nueva Ley de Compras y Contrataciones establece impedimentos no solo para los funcionarios, sino también para sus familiares en grados cercanos. Esto, dijo, obligará a muchas empresas a reestructurarse si quieren seguir contratando con el Estado.
“Esto puede llegar hasta el Tribunal Constitucional porque afecta derechos fundamentales de personas que no ejercen función pública, pero tienen vínculos familiares con quienes sí lo hacen”, opinó.
Sobre las causales
Sobre el tema del aborto y las tres causales, De la Rosa aclaró que el nuevo Código Penal sí contempla una excepción en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, con la debida supervisión del Estado a través del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, consideró que otras causales, como violación o incesto, podrían abordarse en una ley especial posterior.
Finalmente, De la Rosa reflexionó sobre la importancia del nuevo marco penal como herramienta preventiva. “El objetivo de la pena no es solo castigar, sino disuadir. La sociedad debe saber que actos como usar un vehículo oficial en fines de semana o beneficiar a empresas vinculadas con funcionarios ahora tienen consecuencias penales claras”.
