Santo Domingo.– El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, aseguró este martes que en el Gobierno del presidente Luis Abinader también existen “corruptos preferidos”, al igual que en gestiones anteriores.
“En todos los gobiernos ha habido corruptos preferidos, y este no podía ser la excepción. Esto lo vemos a partir de las denuncias que se han presentado contra algunos servidores públicos”, expresó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, De la Rosa afirmó que esa realidad se evidencia a través de las denuncias presentadas contra servidores públicos que, a pesar de los señalamientos, no han sido procesados. Asimismo, recordó que durante la administración de Danilo Medina, el presidente Abinader había señalado que, con solo rumores, bastaría para separar a un funcionario de su cargo. Sin embargo, cuestionó que, actualmente, no se han producido acciones concretas ni judicialización de esos casos.
“Algunos de estos denunciados fueron desvinculados, pero no han sido procesados”, lamentó.
De la Rosa también criticó la interpretación que algunas instituciones tienen sobre sus funciones, específicamente en lo relativo a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). A su juicio, esta dependencia se ha convertido en un centro de recepción de denuncias, cuando su verdadero rol debería ser promover la ética y la integridad en la función pública.
“La Dirección de Ética no debe ser receptora de denuncias. Su papel es crear las bases para un comportamiento ético, no judicializar casos. Eso corresponde a la Contraloría, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público”, explicó.
Milagros Ortiz ha llevado expedientes sin sustento al Ministerio Público
Señaló además que la DIGEIG, bajo la dirección de Milagros Ortiz Bosch, ha canalizado numerosas denuncias sin sustento suficiente, lo que no se traduce en procesos judiciales efectivos.
“Se le vende a la población que se han llevado 60 casos al Ministerio Público, pero no hay caso, porque son denuncias sin sustento ni respuesta”, afirmó.
De la Rosa indicó que cuando ADOCCO cuenta con auditorías de la Cámara de Cuentas, se querellan directamente contra los funcionarios, pero cuando solo manejan informaciones oficiosas, se limitan a presentar denuncias para que el Ministerio Público investigue.
Reconoció el interés de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, su papel pudo haber sido más efectivo si se hubiera enfocado en capacitar e inducir al servidor público sobre las buenas prácticas éticas. Señaló que el llamado “Compromiso Ético” firmado en el Palacio Nacional carece de efectividad, ya que muchos funcionarios no comprenden ni aplican lo que están firmando.
Puede leer: El brócoli podría favorecer el equilibrio hormonal, según expertos
De la Rosa señaló también que las evaluaciones de transparencia de muchas instituciones públicas se basan en criterios cuestionables. Citó como ejemplo al Ministerio de Educación, al cual se le considera cumplidor en transparencia por publicar su ejecución presupuestaria, pero, según afirmó, esa información no es de calidad y se le ha tenido que reclamar incluso mediante acciones de amparo.
Criticó además que se utilicen esos compromisos simbólicos como argumentos para calificar a instituciones como transparentes, cuando en la práctica muchas de ellas no entregan informaciones solicitadas, lo que ha obligado a recurrir a acciones de amparo para lograr acceso a datos públicos.
Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue su denuncia sobre la actuación del EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana), que, a su juicio, ha sido utilizada de forma discrecional para ejecutar obras públicas que corresponden al Ministerio de Obras Públicas y al MIVHED.
“El EGEHID está asumiendo obras de construcción de carreteras, iglesias, escuelas y otras infraestructuras en lugares donde no hay presas cercanas. Esto no responde a su función ni a lo que manda el decreto que la creó”, subrayó.
Finalmente, de la Rosa afirmó que EGEHID ha desplazado a estas instituciones en proyectos de infraestructura, ejecutando trabajos fuera de su área de influencia, con un enfoque político y sin apego a los fines legales para los que fue creada.








