Santo Domingo.–El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, denunció este jueves que la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG ), Milagros Ortiz Bosch, incurrió en prevaricación al archivar la denuncia presentada contra el exministro de Educación Ángel Hernández por presunto lavado de activos.
“Era madrina, la protectora del exministro. Prevaricó en este caso”, señaló el presidente de Adocco durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
De la Rosa enfatizó que Ortiz Bosch debió remitir el caso al Ministerio Público y solicitar la desvinculación del exministro, ya que, la cuál Hernández había violado la Ley 311-14 desde el inicio. Sin embargo, la respuesta de Ortiz Bosch fue archivar la denuncia bajo el argumento de que esta ya había sido subsanada, una acción que, según el Código Procesal Penal, “está reservada al Ministerio Público” y no le corresponde a la DIGEIG.
De igual modo, expresó que los investigadores también serán objeto de denuncia, porque debieron solicitar la desvinculación del ex funcionario por la falta grave de no presentar la declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días que establece la ley”, asimismo argumentó que esta situación, pone en evidencia irregularidades en el manejo del caso y la omisión de acciones legales que deberían haberse aplicado de manera inmediata.
De la Rosa explicó que, según la ley 311-14, todo funcionario público debe presentar su declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días posteriores a su designación. Hernández, designado en agosto de 2022, no cumplió con este requisito y no presentó la declaración hasta febrero de 2023, seis meses después, lo que constituye una falta grave de tercer grado según la ley.
La denuncia de Adocco se centra también en la transferencia de fondos de una ONG a empresas familiares de Hernández, incluyendo la adquisición de un inmueble en Playa Morón, Samaná, por un valor de 31 millones de pesos, lo que para la organización constituye indicios de lavado de activos.
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De la Rosa aclaró que la denuncia no es una querella directa, sino un proceso de investigación que debe ser evaluado por el Ministerio Público, incluyendo la revisión de transacciones financieras por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos.
“El Ministerio Público tiene la autoridad para recabar información adicional y realizar las verificaciones necesarias. Tenemos plena confianza en que este caso recibirá el tratamiento adecuado”, afirmó.
Finalmente, de la Rosa insistió en que la conducta de Hernández y la actuación de la directora de DIGEIG constituyen violaciones graves a la ley y que deben derivar en sanciones conforme al marco legal vigente.
