Santo Domingo. – El Ministerio Público obtuvo 13 condenas, con penas de hasta 10 años de prisión, contra los integrantes de una red criminal que borraba antecedentes penales a cambio de sobornos, en un caso sin precedentes que fue desmantelado mediante la Operación Gavilán.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió de forma unánime la acusación presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, emitiendo sentencias ejemplares contra los procesados, quienes ejecutaban maniobras informáticas ilícitas para alterar registros oficiales del sistema de justicia.
Los principales condenados a 10 años de prisión y multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público son Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño, este último también inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas.
Otros implicados recibieron penas mixtas entre prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, según lo establece el artículo 41 del Código Procesal Penal. Entre ellos figuran:
-
Mártires Rosario Reyes: 7 años de prisión, con 3 años y 6 meses en prisión domiciliaria y el resto suspendido.
-
Alfredo Mirambeaux: 8 años, de los cuales 6 serán en prisión domiciliaria y 2 suspendidos.
-
Rubén Darío Morban y Luis Alfredo Astacio Polanco: 6 años, divididos entre prisión domiciliaria y suspensión.
-
Domingo Julio Santana: 5 años, con 2 años y 6 meses domiciliarios y 2 años y 6 meses suspendidos.
Asimismo, el tribunal ordenó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Technology, involucrada en el esquema, conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Puedes leer más: Embajada de EE. UU. en RD desmiente video falso de Trump prometiendo suspender deportaciones
Fueron acogidos criterios de oportunidad respecto a los imputados Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, mientras que Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona resultaron absueltos.
Las penas serán cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 4 de noviembre de 2025.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, calificó el fallo como una victoria institucional en la lucha contra la corrupción. “Es una condena ejemplar que manda un mensaje claro contra los hechos de corrupción”, expresó el fiscal Mena.
Durante el juicio, el órgano acusador demostró la existencia de una estructura de criminalidad organizada, especializada en cibercrimen, que accedía ilegalmente a la base de datos del Ministerio Público para modificar o eliminar antecedentes penales. Esta actividad permitía a personas con historial delictivo obtener documentos oficiales y evadir controles judiciales y migratorios.
Las pruebas presentadas incluyendo testimonios, peritajes informáticos y financieros, documentos oficiales y evidencia digital fueron consideradas por el tribunal como suficientes y contundentes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, y evidenciar su participación activa en los hechos.
Los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana impusieron las penas conforme a la gravedad de los hechos y el nivel de implicación de cada procesado.
