SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público firmó un acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile para la creación de un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos del crimen organizado.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez resaltaron la importancia de fortalecer las vías de cooperación internacional para enfrentar delitos que traspasan las fronteras.
Se trata de la primera vez que República Dominicana firma un convenio para la creación de equipo conjunto de investigación bajo el amparo de la Convención de Palermo (Italia) contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000.
El convenio cuenta, además, con la firma de la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y del titular de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, quien estuvo en el país hace unos días encabezando una misión de trabajo.
Reynoso precisó que el Ministerio Público enfrenta este fenómeno mediante un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado.
La visión de Chile
De su lado, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, sostuvo que el convenio representa una herramienta concreta de trabajo entre los ministerios públicos de Chile y República Dominicana.
Cooperación bilateral
El convenio, que tendrá un año de vigencia, surge de la necesidad de fortalecer las herramientas de cooperación jurídica internacional para enfrentar la criminalidad compleja, especialmente la delincuencia organizada transnacional, la trata y tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción.
Como parte de las labores las autoridades coordinarán actuaciones a fin de investigar los hechos constitutivos de delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos, con el objeto de determinar sus responsables, perseguirlos judicialmente y afectar el patrimonio que pueda ser vinculado a esta actividad.
Por igual, el adelantamiento de tareas investigativas que permitan intercambiar información sobre los avances de procesos penales iniciados en las respectivas jurisdicciones de las partes, así como recabar evidencia física y elementos materiales probatorios que coadyuven en el desarrollo de estos procesos.
