SANTO DOMINGO.- Las autoridades penitenciarias de República Dominicana y Puerto Rico alertaron sobre la alta incidencia de trastornos de salud mental entre las personas privadas de libertad, al revelar que la población carcelaria registra niveles de afectación psicológica hasta tres veces superiores a los observados en la población general.
La información fue ofrecida por el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, Alex Joel Torres Guzmán, y por el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, durante un encuentro con periodistas especializados en temas judiciales.
Según los datos presentados, entre el 60 % y el 70 % de los reclusos en Puerto Rico y Estados Unidos padecen algún trastorno relacionado con la salud mental. En el caso de la República Dominicana, la cifra asciende a un 80 % de la población penitenciaria, reflejando un panorama que preocupa a las autoridades.
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Torres Guzmán explicó que entre las afecciones más frecuentes figuran la depresión, la ansiedad crónica y los trastornos asociados al consumo de sustancias, además de casos de psicosis y alteraciones de la percepción. Indicó que las condiciones propias del encarcelamiento y la pérdida de libertad influyen significativamente en el deterioro emocional de los internos.
Por su parte, Roberto Santana atribuyó la elevada incidencia de problemas psicológicos en el país al retraso de los procesos judiciales y al alto número de personas que permanecen en prisión preventiva. Explicó que de los aproximadamente 25 mil privados de libertad del sistema dominicano, cerca de 16 mil aún no han sido condenados de manera definitiva.
Durante el intercambio, las autoridades destacaron que ambas naciones comparten una visión enfocada en la rehabilitación y reinserción social de los internos, principios que están consagrados en sus respectivas constituciones y que sirven de base para las reformas penitenciarias que se desarrollan actualmente.
Las autoridades puertorriqueñas compartieron varios programas que han contribuido a reducir la población recluida en cárceles físicas, incluyendo iniciativas educativas, proyectos artísticos, programas de paternidad responsable, supervisión electrónica y mecanismos de reinserción laboral para personas que cumplen condenas.
Asimismo, anunciaron el desarrollo de un plan de cooperación entre ambos países que permitirá capacitar al personal penitenciario dominicano en tratamientos especializados de salud mental, evaluación clínica temprana y técnicas de intervención emocional. La iniciativa contempla intercambios de profesionales y el fortalecimiento de los procesos de diagnóstico desde el ingreso de los internos al sistema penitenciario.
