SANTO DOMINGO.– Sectores empresariales pidieron revisar el aumento del impuesto aplicado a transferencias digitales y cheques, al advertir que la medida podría provocar efectos negativos en la bancarización y estimular un mayor uso de efectivo en la economía dominicana.
La disposición entra en vigencia este viernes como parte de la Ley de Modernización Fiscal y eleva de 0.15 % a 0.20 % el monto que deberán pagar los usuarios bancarios por transferencias realizadas hacia otras cuentas.
La normativa establece un impuesto de 0.002, equivalente a 2.0 por mil, sobre el valor de cada cheque pagado por las entidades de intermediación financiera, así como sobre los pagos efectuados mediante transferencias electrónicas.
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De acuerdo con la ley, el gravamen deberá ser presentado y pagado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), bajo las condiciones y procedimientos que establezca esa institución.
Entre las operaciones excluidas del impuesto figuran los retiros de efectivo en cajeros automáticos y oficinas bancarias, las transferencias entre cuentas de una misma persona y los consumos realizados con tarjetas de crédito.
También quedan fuera del gravamen los pagos a la Seguridad Social, las transacciones y pagos de los fondos de pensiones, los pagos realizados al Estado dominicano por concepto de impuestos, las transferencias estatales vinculadas a esos fondos y las operaciones del Banco Central.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), consideró que esta parte de la normativa fiscal debe recibir seguimiento, debido a que podría afectar los avances alcanzados en materia de bancarización.
Pujols señaló que el tema debe ser discutido entre el sector público y el sector privado, con el objetivo de evaluar sus posibles consecuencias y adoptar las medidas necesarias para evitar distorsiones en el sistema financiero.
De su lado, Alfredo Hernández Paz, CEO de Tripulantes VIP, advirtió que el aumento de 10 dólares en los pasajes aéreos también debe ser revisado, al entender que la industria de la aviación se encuentra en desarrollo y la medida podría representar un costo adicional para el país.
Hernández Paz indicó que la mayoría de los pasajeros adquiere boletos mediante tarjetas de crédito, por lo que cualquier incremento asociado a la normativa podría terminar elevando los costos para los viajeros y afectando la competitividad del sector.
