Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este martes, en dos lecturas consecutivas, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86 y preservando el funcionamiento del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOTPECONS).
Las enmiendas derogaron el artículo 61 de la Ley 30-26, que eliminaba el marco legal del fondo, permitiendo así mantener la estructura que administra los recursos destinados a la protección social de los trabajadores del sector construcción.
El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, explicó que el objetivo era corregir una disposición que afectaba a una institución que, según afirmó, ha protegido durante décadas a miles de obreros del país.
Senado también aprueba cambios a la Ley de Residuos Sólidos
Durante la misma sesión, los senadores aprobaron en única lectura las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La normativa establece que las personas jurídicas, entidades gubernamentales y demás organizaciones que reporten ingresos anuales a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar una contribución especial obligatoria, destinada a financiar un fondo para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y mitigar su impacto ambiental.
Asimismo, el Senado aprobó modificaciones al proyecto de ley sobre la terminación de obras públicas paralizadas, incluyendo proyectos viales, hospitales, escuelas, presas y el desarrollo agrícola Azua II-Pueblo Viejo, además del mantenimiento del Puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17).
En otro punto de la agenda, los legisladores avanzaron en la discusión del proyecto que regulará los juegos de azar en la República Dominicana, dejando sobre la mesa el estudio de la iniciativa tras concluir la lectura hasta el artículo 45.
La propuesta busca establecer un nuevo marco legal para la autorización, supervisión y fiscalización de las apuestas en el país, además de reforzar los controles para impedir la participación de menores de edad.
