SANTO DOMINGO. – Un grupo de abogados, y La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente Surun Hernández sometió acción de amparo contra la Junta Central Electoral emitir resolución donde ordene a Luis Abinader por el uso de los recursos del Estado en favor de la reelección presidencial, mediante instancia depositada por el Tribunal Superior Administrativo
Solicitaron ordenar a la Junta Central Electoral y a Luis Abinader, disponer: a) Suspensión y desactivación de los bonos y tarjetas emitidas con motivo del citado Bono Navideño 2023, y durante el proceso electoral, emitidas al portador, disponiendo su reembolso para ser incluidas en los programas sociales realizados con las depuraciones y fiscalización que eviten su desvío, y garantice que beneficien a las personas clasificadas como de escasos recursos económicos, madres solteras, envejecientes, discapacitados, al tenor de los estándares internacionales, prohibiendo la emisión de tarjetas bonos o ayudas que no establezcan el beneficiario al momento de la emisión de la misma; b) La entrega a los partidos políticos de los fondos consagrados en la Ley 20-23, de Régimen Electoral; c) La realización de actos inaugurales por parte del Presidente de la República Dominicana; d) La emisión de duplicado de cedula gratuitamente hasta el 19 de mayo del 2024; e) La prohibición de vehículos y yipetas frentes a los recintos electorales, ordenando a la Policía Electoral su incautación y sometimiento a la Justicia; f) Prohibición a la Policía Electoral de tomas medidas por sí mismos, sino acatar y ejecutar las instrucciones de los funcionarios de la Junta Central Electoral, absteniendo de impedir el paso a los recintos y las mesas de los delegados, de sus suplentes, Observadores de Escrutinio y de los profesionales de la Prensa; g) Prohibir al Banco Central y al Banco de Reservas suspender las transferencias electrónicas 72 horas antes de las elecciones.
Recordaron que el artículo 210 de la Ley 20-23, de régimen electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cedula se entregan a cambio de del citado bono, el cual, por venir al portador, es un instrumento de cooptación y manipulación.
La Junta Central electoral al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos electoral, máxime cuando se trata de todo un plan forzar la abstención financiera a la oposición mediante la compra usando los bonos, de dirigentes de la oposición.
Se trata de un plan de compra de votos y cedula realizado desde la presidencia atreves de gobernadores provinciales, presidentes provinciales, presidentes municipales, presidente de bloque, lo cual constituye la destrucción de la democracia.
Esperan que el presidente de la República cumpla su obligación de convocar una legislatura para que el Congreso Nacional devuelva el sosiego democrático al Pueblo Dominicano.