Otra noche gélida de polvo, ruido y de esperanzas cada vez menores de encontrar más supervivientes.
En la ciudad turca de Kahramanmaras, un equipo de televisión ayuda con una cámara térmica para buscar alguna señal de vida entre los escombros.
Pero con demasiada frecuencia lo que se encuentra ahora son cadáveres. Hay unos 33.500 fallecidos y se espera que la cifra siga subiendo.
Las grúas y excavadoras avanzan a gran velocidad, señal de que los buscadores creen que no queda nadie con vida bajo la montaña de escombros.
Lo mismo ocurre en la ciudad de Hatay, que quedó casi completamente devastada por los terremotos de la semana pasada.
“Después del terremoto, en los tres primeros días, oímos voces que provenían de los escombros, pero ahora no oímos nada. No hay nadie vivo”, destaca una superviviente.
En Siria escasean los recursos. Los responsables de las operaciones de rescate de la ONU afirman que “están fallando a la población del noroeste del país, golpeada por el terremoto, y que con razón se siente abandonada”.
La ayuda está siendo obstaculizada debido a los problemas de autorización existentes entre el Gobierno sirio y los territorios en poder de los rebeldes. Es un problema que se remonta a más de una década de guerra civil.
Alaa Moubarak, jefe de protección civil de Jableh, ha indicado: “No hemos recibido ningún equipo nuevo de protección civil en los últimos 12 o 13 años, ni siquiera linternas. No tenemos nada, si tuviéramos material podríamos haber rescatado a cientos de víctimas o incluso más.”
El poderoso movimiento chií libanés Hezbulá ha enviado un convoy de 23 camiones con alimentos y ayuda médica a Latakia, una provincia fiel al presidente sirio Bashar al-Assad.
Mientras que las cifras de muertos siguen aumentando, las fuerzas de seguridad turcas han detenido a al menos una docena de personas, entre ellos constructores, arquitectos y aparejadores, relacionados con algunas de las decenas de miles de edificios destruidos o gravemente dañados en los sismos de magnitud 7,7 y 7,6 del lunes.
Estas detenciones son los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a los escasos controles.
Además, la Fiscalía turca emitió más de 100 órdenes de detención contra personas sospechosas de negligencia en la edificación de edificios y ha creado una unidad especializada en investigar lo sucedido.
El vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, dijo a primera hora del domingo que las autoridades habían identificado hasta ahora a 131 personas sospechosas de ser responsables del derrumbe de algunos de los miles de edificios caídos.
“Haremos un seguimiento meticuloso de esto hasta que concluya el proceso judicial necesario, especialmente para los edificios que sufrieron graves daños y causaron muertos y heridos”, dijo Oktay.
Los líderes de la oposición han acusado durante mucho tiempo al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de no hacer cumplir las normas de construcción.
Con unas elecciones presidenciales en mayo, la gestión del desastre y las explicaciones sobre lo sucedido pueden determinar la suerte de Erdogan en las urnas.
Aunque Turquía cuenta con una normativa sobre resistencia sísmica en la construcción, rara vez se aplica, incluso en las viviendas más recientes y que deberían haber soportado mejor los temblores.
Además, bajo los gobiernos de Erdogan se aplicaron varias amnistías a los edificios que habían incumplido la normativa -incluida la resistencia sísmica- y se legalizó su situación a cambio de una multa económica.
