SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional fallará este marte con relación a la decisión de enviar o no a juicio de fondo a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S, otros acusados de irregularidades en la firma de un contrato para la red de semáforos de El Gran Santo Domingo.
La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para las 9:00 de la mañana.
Ministerio Público sostiene que probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputados.
Ortiz dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, consideró.
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara auto de apertura a juicio en contra de todos los acusados.
La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por el caso son también son procesados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Estas irregularidades supuestamente se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El Ministerio Público determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
Hugo y Jochi rechazan la acusación
Ingrid Hidalgo, abogada de Beras, respondió a los argumentos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar, especialmente la parte donde mostró una conversación de su defendido y el empresario Jochi Gómez, explicando que se habrían puesto de acuerdo por WhatsApp para ejecutar el contrato ilícito.
“Lo que pasa es que cuando uno no tiene de dónde sacar, uno se pasa el 60% contando chistes de conversaciones”, expresó Acosta.
La abogada consideró que la acusación carece de base probatoria sólida, al señalar que el órgano persecutor no ha podido demostrar la existencia de elementos constitutivos de los tipos penales imputados.
Jochi Gómez tilda de “absurda” la acusación
Al presentó su defensa material ante el tribunal, el empresario Jochi Gómez calificó como “absurda” la acusación en su contra, señalando que, aunque inicialmente entendía que no era necesario pronunciarse debido a que sus abogados habían refutado las imputaciones.
En este sentido, rechazó de manera categórica los señalamientos de estafa al Estado dominicano vinculada al contrato ejecutado por la empresa Transcore.
