Santo Domingo.– En medio de las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó el plan que busca identificar unos RD$40,000 millones mediante recortes al gasto público, incluyendo una reducción del 50 % al financiamiento de los partidos políticos, propuesta que ha generado rechazo en sectores de la oposición.
El vicepresidente del PLD, Yvan Lorenzo, criticó la iniciativa y afirmó que, aunque esa organización está dispuesta a asumir sacrificios en momentos de necesidad nacional, existen otras áreas donde —a su juicio— persiste un uso ineficiente de los recursos públicos que debería ser priorizado.
“El Partido de la Liberación Dominicana tiene 52 años sirviendo al país, y cada vez que se ha requerido, hemos estado en disposición de sacrificarnos. Pero esos sacrificios deben ser evaluados y dirigidos a los sectores que realmente lo necesiten”, expresó.
Lorenzo sostuvo que no se debe comprometer el financiamiento del sistema democrático mientras, según denunció, el Gobierno continúa otorgando pensiones a dirigentes del oficialismo y de otras organizaciones políticas. Asimismo, señaló que en los últimos años se han destinado más de 29 mil millones de pesos a publicidad gubernamental, la cual calificó como engañosa.
En ese contexto, también instó a la Procuraduría General de la República a profundizar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en instituciones estatales, al considerar que los recursos recuperados podrían contribuir a mitigar los efectos de la actual coyuntura económica.
Por su parte, la exsenadora Cristina Lizardo informó que el PLD aún no ha recibido formalmente la propuesta del Gobierno y calificó como desacertada la idea de reducir los fondos destinados a los partidos.
“Me parece descabellada la idea de comenzar a economizar en función de recursos que ya están establecidos en el Presupuesto General del Estado”, indicó, al tiempo que señaló que se desconocen los mecanismos que se utilizarían para aplicar dicha reducción.
Lizardo insistió en que cualquier medida de este tipo debe ser discutida y consensuada con todas las organizaciones del sistema político, debido a su impacto en el funcionamiento democrático.
