Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió sobre las nuevas consecuencias penales que enfrentarán los servidores públicos que incurran en actos de corrupción dentro del sistema hospitalario, durante una conferencia organizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para fortalecer la transparencia y el control administrativo en los centros de salud del país.
La actividad, titulada “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”, estuvo dirigida a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, con el propósito de orientar sobre las responsabilidades legales en el manejo de los recursos públicos.
El encuentro contó con la participación de la procuradora Yeni Berenice Reynoso; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; y el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón.
Durante su intervención, Reynoso explicó que el nuevo Código Penal fortalece el régimen de responsabilidad de los funcionarios y establece sanciones más severas frente a irregularidades cometidas en perjuicio del patrimonio público.
La procuradora señaló que la corrupción será tratada como un delito autónomo, por lo que cualquier acción u omisión dolosa que afecte los recursos del Estado podrá ser perseguida penalmente. Entre las prácticas mencionadas figuran pagos por bienes o servicios no recibidos, alteración de contratos, manipulación de precios, recepción de equipos defectuosos y uso indebido de fondos públicos.
En ese sentido, advirtió que los funcionarios vinculados a la administración hospitalaria deben actuar con mayor rigor, debido a que las decisiones relacionadas con compras, contrataciones y ejecución presupuestaria podrían derivar en responsabilidades penales si se comprueba dolo o manejo irregular de recursos.
De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, abordó los cambios introducidos por la Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas, una normativa orientada a mejorar la planificación, la eficiencia del gasto, la sostenibilidad y el desarrollo local en los procesos de adquisición del Estado.
Pimentel alertó sobre prácticas que pueden generar consecuencias legales, como depositar fondos públicos en cuentas personales, modificar partidas presupuestarias sin autorización, cobrar por servicios gratuitos o participar en procesos de contratación donde exista conflicto de interés.
Mientras, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó los mecanismos de control y fiscalización que deben observar las instituciones públicas para garantizar el uso correcto de los recursos asignados.
Espinosa Pérez exhortó a los hospitales a evitar compras fuera de los procedimientos establecidos en la Ley 47-25, al advertir que esas irregularidades pueden generar conflictos legales, reclamaciones y obstáculos para el pago de procesos ejecutados.
También recordó que los contratos derivados de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones deben ser registrados en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República, requisito necesario para la validación de desembolsos de fondos públicos.
El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, sostuvo que la transparencia en la gestión hospitalaria debe asumirse como una obligación legal y ética, especialmente en instituciones responsables de administrar recursos destinados a la atención de la salud de la población.
La jornada incluyó un espacio de preguntas y respuestas, en el que directores, administradores y encargados de compras plantearon inquietudes sobre los procesos administrativos, el cumplimiento institucional y los mecanismos de control en los servicios públicos de salud.
