miércoles, junio 10, 2026

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Zapete, Febles, Salazar y Mariasela interponen querellas por difamación e injuria contra comunicadores

Los profesionales del derecho enfatizaron que estas acciones no buscan coartar la crítica ni el debate público, sino salvaguardar el honor de quienes ejercen funciones públicas.

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SANTO DOMINGO, RD.- Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez han recurrido a la vía legal en defensa de su honor y dignidad.

Los cuatro reconocidos profesionales del periodismo y la producción televisiva han presentado querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria perpetradas a través de medios digitales.

Las querellas han sido interpuestas contra cuatro ciudadanos que se desempeñan en la comunicación a través de redes sociales y medios digitales tales como: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.

La acción judicial, según un equipo legal representante de los querellantes, integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, se fundamenta en la necesidad de ejercer la libertad de prensa y de expresión con responsabilidad, protegiendo a la ciudadanía del uso abusivo de plataformas digitales para la difusión de información difamatoria, injuriosa y carente de fundamento.

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Los profesionales del derecho enfatizaron que estas acciones no buscan coartar la crítica ni el debate público, sino salvaguardar el honor de quienes ejercen funciones públicas.

Los querellantes les atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos, los cuales, según los abogados, han sobrepasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, convirtiéndose en ataques personales con graves consecuencias reputacionales.

El equipo legal señaló que, si bien cada querella responde a circunstancias específicas, todas comparten el objetivo de promover un debate respetuoso y contribuir a una cultura democrática basada en argumentos y no en agravios, reiterando su compromiso con el Estado de derecho y el uso adecuado de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.

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