Santo Domingo.– En una entrevista exclusiva para el Matutino Su Mundo, el abogado y experto en Seguridad Social, Francisco Aristy, analizó los cambios significativos en el sistema de seguridad social del país y presentó propuestas para su mejora.
Aristy explicó que antes de la entrada en vigencia de la actual Ley 87-01 en 2001, el sistema estaba regido por la Ley 18-96, que había estado en vigor desde 1948. Según Aristy, esta ley era excluyente, ya que no contemplaba a los trabajadores públicos y solo cubría a los empleados privados hasta un determinado tope salarial.
“Los trabajadores no tenían acceso a clínicas privadas. Esa ley era excluyente, y solo protegía a los empleados privados hasta un límite salarial. La última categoría salarial aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales era de $4,003.97. Los empleados que ganaban más de 4,004 pesos no estaban cubiertos por el Seguro Social,” explicó Aristy.
Con la introducción de la Ley 87-01, se logró la “universalización de la Seguridad Social,” adaptando el sistema para que abarcara a toda la población. Aristy destacó que esta reforma respondía a una necesidad global de ampliar la cobertura social.
Sistemas de pensiones:
Durante su intervención, Aristy también abordó las diferencias entre los sistemas de pensiones de reparto y de capitalización individual. En el sistema de reparto, las contribuciones de todos los trabajadores se concentran en un fondo común, y las pensiones se calculan con base en un monto fijo establecido por la ley.
En contraste, el sistema de capitalización individual se basa en las aportaciones personales acumuladas durante la carrera laboral de cada trabajador, sin un monto de pensión predeterminado.
Finalmente, Aristy presentó su propuesta para mejorar el sistema de pensiones, sugiriendo una modificación al artículo 24 de la Ley 87-01. “Propongo que las resoluciones del consejo sean aprobadas por mayoría de votos, siempre que cuenten con el respaldo del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social y de un representante de los empleadores o de los trabajadores. Esta propuesta busca una mayor democracia en el proceso de toma de decisiones,” concluyó Aristy.
