Venezuela acumula tres años y diez meses sin ajustes en el salario mínimo, el período más extenso registrado en casi 30 años, según denunció la organización no gubernamental Provea. La ONG alertó sobre el impacto de esta situación en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y llamó a una “reconstrucción del ingreso” en el país.
De acuerdo con Provea, tanto el salario mínimo como las pensiones permanecen fijados en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, monto que equivale actualmente a unos 37 centavos de dólar al tipo de cambio oficial. La organización subrayó que este congelamiento se mantiene pese a los constantes reclamos de trabajadores y al deterioro sostenido del poder adquisitivo.
La ONG sostuvo que cualquier proceso de recuperación económica, impulsado por inversión extranjera o acuerdos energéticos, debe incluir mejoras salariales y estar sustentado en el diálogo social y la negociación tripartita entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Asimismo, consideró urgente fortalecer la institucionalidad de la negociación colectiva.
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Provea también instó al Estado a garantizar el derecho a la libertad sindical y a la sindicación, y exigió la liberación de trabajadores y dirigentes gremiales detenidos por ejercer sus derechos. En paralelo, organizaciones sindicales han denunciado la detención de varios de sus integrantes y han convocado movilizaciones para reclamar salarios con poder de compra y la excarcelación de presos sindicales.
Actualmente, la política salarial del Ejecutivo se centra en el pago de bonificaciones que no inciden en beneficios laborales como prestaciones, vacaciones o pensiones, lo que, según organizaciones sociales y gremiales, profundiza la precarización del ingreso de los trabajadores venezolanos.
