SANTO DOMINGO.- La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que, al cumplirse tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Estado dominicano aún mantiene pendientes aspectos fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de esta normativa.
La organización recordó que la legislación fue promulgada el 5 de junio de 2023 con el objetivo de ampliar la protección, inclusión y acceso a servicios especializados para las personas con autismo y sus familias. Sin embargo, señaló que gran parte de las disposiciones contempladas en la ley todavía no han sido ejecutadas.
De acuerdo con la entidad, uno de los principales retrasos se produjo con la emisión del reglamento de aplicación, el cual fue aprobado más de un año después mediante el Decreto 403-24. A su juicio, esta demora limitó la puesta en marcha de las acciones necesarias para hacer operativa la legislación.
La Mesa identificó entre los principales incumplimientos la ausencia de una asignación presupuestaria específica, la falta de un registro nacional actualizado de personas con autismo y sus familias, así como la inexistencia de programas permanentes para la formación de profesionales especializados en el área.
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Asimismo, advirtió que continúa pendiente la creación de una red nacional especializada de servicios para atender a esta población, mientras muchas familias siguen enfrentando dificultades para acceder a educación inclusiva, terapias, diagnósticos y atención médica especializada.
La organización recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader manifestó la intención de identificar recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante 2026. No obstante, sostuvo que hasta el momento no se han dado a conocer las partidas específicas ni los programas que permitirían materializar los derechos establecidos en la normativa.
Según la entidad, los costos de evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas y consultas médicas continúan representando una carga económica significativa para miles de familias, situación que limita el acceso de muchas personas a los servicios que requieren para su desarrollo e inclusión.
Responsabilidades de las instituciones con esta ley
La Mesa destacó como avance el programa SeNaSa InTEgrA, aunque señaló que su cobertura alcanza únicamente a 3,000 niños de hasta 10 años de edad. A su entender, esta iniciativa constituye un apoyo importante, pero no sustituye las responsabilidades integrales contempladas en la Ley 34-23.
La organización recordó que la legislación asigna responsabilidades específicas a instituciones como el CONADIS, los ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo, así como al INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID y las entidades que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Además, señaló que la ley contempla la ampliación de coberturas médicas, mecanismos de protección social, programas de formación especializada, inclusión educativa, sanciones por discriminación y la creación de estructuras de apoyo para personas con autismo en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las preocupaciones planteadas por la entidad figura también la limitada expansión de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), institución cuya demanda supera actualmente la capacidad de respuesta disponible. Asimismo, alertó sobre la escasez de profesionales especializados para atender una población que continúa creciendo cada año.
Finalmente, la Mesa de Diálogo por el Autismo reiteró que la inclusión, la atención médica, la educación y la protección social de las personas con TEA no pueden depender únicamente del esfuerzo de las familias. La organización insistió en que la aplicación efectiva de la Ley 34-23 es una responsabilidad del Estado y constituye una necesidad urgente para miles de hogares dominicanos que aún esperan respuestas concretas.
