Uno de los aspectos centrales destacados por el OES en el documento entregado por los académicos Roxana Morales, Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez, es el contraste entre el crecimiento acelerado de las empresas en zona franca, con un aumento del 116,8% entre 2019 y 2025, frente al modesto crecimiento del 14,6% del régimen definitivo en el mismo periodo. El informe señala que este desfase incrementa las desigualdades territoriales y sectoriales.
Esta diferencia motiva que la inserción del país en cadenas globales de valor permanezca limitada y plantea la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales, así como modernizar y diversificar la oferta exportadora, especialmente fuera del valle central.
En materia fiscal, el informe advierte que, aunque se han logrado avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal en 2025, persisten los problemas estructurales de recaudación y el alto endeudamiento público. Según los expertos, la prioridad deberá ser fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado y sustituir los ingresos provenientes de los combustibles, dado que esa renta tiende a disminuir. También recomiendan revisar el diseño de la regla fiscal “para empatar la estabilidad financiera con la necesidad de financiamiento social”.
El acceso al crédito y la desdolarización, bajo análisis
El acceso al crédito constituye una de las palancas más sensibles para la economía nacional, pero los analistas del OES alertan que las tasas de interés para vivienda, consumo, servicios y turismo no reflejan adecuadamente los recortes de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la TPM bajó 2,75 puntos porcentuales, mientras que la Tasa Básica Pasiva solo se redujo 1,54 puntos, lo que muestra una distorsión en el traslado de beneficios a los usuarios.
La propuesta del observatorio incluye incrementar la competencia financiera, transparentar las tasas de interés y promover la desdolarización para incentivar el ahorro y el crédito en moneda nacional. Esta medida busca reducir la vulnerabilidad ante cambios externos y fortalecer la autonomía de la política monetaria.
Brecha laboral de género y el desafío de las pensiones
La participación laboral femenina en Costa Rica ha descendido 5,4% en la última década, una situación que inquieta a los especialistas del OES por su impacto en la informalidad y la autonomía económica de las mujeres.
El documento sugiere expandir la red de cuido tanto para primera infancia como para adultos dependientes, incentivar la formalización laboral y el acceso al crédito, así como rechazar la implantación de jornadas laborales de 12 horas (jornadas 4×3), al considerarlas una regresión en derechos.
De manera paralela, el envejecimiento demográfico obliga a repensar el sistema de pensiones. Se proyecta que en 2050, el 32,5% de la población superará los 60 años.
El OES plantea robustecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, fomentar mayor inserción laboral para personas mayores de 55 años y crear un sistema universal de cuidados, además de incorporar la variable demográfica en la planificación fiscal de largo plazo.
El informe de la Universidad Nacional advierte que la inversión pública en educación como porcentaje del PIB cayó de 7,2% en 2015 a 5,24% en el último año. Aunque el presupuesto educativo subió 24% en ese periodo, el aumento real ajustado por inflación fue de apenas 4%. Esto limita las posibilidades de mejorar la calidad educativa y vincular el sistema formativo con el sector productivo.
La seguridad se ha resentido, con nuevos récords históricos de homicidios en los últimos tres años. El OES considera que debe atacarse la rentabilidad del crimen organizado mediante incautación de activos, trazabilidad patrimonial y estrategias de prevención dirigidas a jóvenes. El Fondo Monetario Internacional recordó que un agravamiento de la criminalidad podría debilitar los ingresos por turismo, inversiones y comercio.
El deterioro de la infraestructura vial y portuaria afecta la competitividad. La ampliación del puerto de Caldera, la concreción del tren de carga y la modernización de las rutas 27 y 32 se encuentran entre las obras prioritarias. También se propone renovar la flotilla de buses con tecnologías limpias, subsidiar el transporte público, promover la intermodalidad y avanzar con el proyecto del tren eléctrico metropolitano.
“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”
